La oleada de desprendimientos de cascotes y baldosas de fachadas en los últimos días pone en evidencia la falta de una normativa propia que prevenga este tipo de accidentes para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. A falta de una ordenanza específica, hasta ahora se ha aplicado la legislación autonómica y la inspección técnica para las construcciones antiguas.
El Concello de Vigo ordenó reparar un total de 150 edificios el pasado año, de los que 72 procedían de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) y el resto derivaron de partes elaborados por la policía, denuncias de particulares o actuaciones de oficio. En los primeros cuatro meses de este año ya obligó a mejorar 162 inmuebles, la mayoría tras realizar la inspección técnica.
El pasado fin de semana fue una construcción de la esquina de Camelias con Romil, apenas cinco días antes los desprendimientos afectaron a un edificio de la calle Salamanca y hace poco más de quince días el suceso tuvo lugar en pleno Casco Vello.
Por suerte, en ninguno de los tres casos hubo que lamentar víctimas, algo que no sucedió en su día en la calle Pintor Colmeiro, donde los desprendimientos de un edificio relativamente nuevo acabaron con la vida de una mujer.
Nuevas
La mayoría de las construcciones que sufren este mal carecen de la antigüedad suficiente como para pasar la obligada Inspección Técnica de Edificios. En general, tienen entre quince y treinta años, aunque también se ha producido en inmuebles más recientes.
Lo habitual es que el Concello actúe una vez que se ha producido el desprendimiento. Es en ese caso cuando acude el cuerpo de bomberos para acordonar la zona. A continuación los técnicos de urbanismo elaboran un informe sobre medidas mínimas de seguridad, que deberán afrontar las comunidades de vecinos. Una vez resuelto el problema, son retiradas las vallas protectoras y de nuevo se permite el tránsito de peatones.
Sin embargo, en muchos casos solo se revisa el espacio en el que se situa la loseta desprendida y la valla se elimina en un par de días, sin revisar el resto del edificio por si existe riesgo de nuevos desprendimientos.
La ley autonómica de ordenación urbanística advierte que los concellos deberán regular mediante ordenanza o inspeccionar de forma periódica las edificaciones para determinar su estado de conservación. Según esta misma ley, los propietarios tienen obligación de mantener los inmuebles en buen estado.