COMENTARIO
16 sep 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Ahora que la actualidad política y las próximas citas electorales parecen dificultar soluciones de consenso, es más importante que nunca recordar a nuestros representantes públicos la trascendencia social de sus decisiones. La apertura del debate político en torno al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en Vigo es un buen ejemplo de ello. Si bien es cierto que las distintas fuerzas políticas con representación municipal están en su derecho de abordar la discusión desde la defensa de sus legítimos planteamientos ideológicos, no lo es menos que los principales afectados por sus decisiones serán, fundamentalmente, los ciudadanos de a pie. Por eso no conviene olvidar que a casos emblemáticos de irregularidades urbanísticas (la Colina de Castrelos o las Torres de García Barbón, por ejemplo) siguen otros muchos en los que las figuras del damnificado y el beneficiario se mezclan en una misma persona. No hay más que acudir a las distintas parroquias del rural para percatarse de ello. Sería por tanto oportuno y deseable que en el debate que ahora se abre prevaleciesen la justicia y el sentido común. Obviamente, se deberían sancionar a los responsables de aquellas actuaciones urbanísticas que atentasen de una manera clara e inequívoca contra la normativa vigente. Pero también convendría legalizar, de forma definitiva, aquellas situaciones irregulares que se han producido en los últimos años, fruto de una normativa poco clara o de discutible interpretación, y que, por mor de la lentitud en los procesos judiciales, desembocaron en una situación de ilegalidad. Se pondría fin así a una insostenible situación de incertidumbre que afecta a no pocas familias de Vigo y a sus ahorros invertidos en la compra de una vivienda. El nuevo PGOM debería, en definitiva, dotar a los servicios de Urbanismo -y, por ende, a promotores y ciudadanos-- de una mayor seguridad jurídica, convirtiéndolo, además, en un elemento de clara y precisa información que permitiera una ágil intervención y pusiese fin a las situaciones de irregularidad que se han venido produciendo hasta la fecha. Situaciones que, hasta cierto punto, han sido inevitables y que, por el bien de la ciudad y sus habitantes, no conviene prolongar más.