La Fiscalía pide demoler la cabaña de una vecina de Gondomar que cobra la risga

e. v. pita VIGO / LA VOZ

GONDOMAR

M.MORALEJO

La mujer, que afronta cárcel, asegura que no tiene otro lugar donde dormir ni dinero para derribar su casa prefabricada

22 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

La Fiscalía solicitó ayer la demolición de una cabaña de madera, única morada de una vecina de Morgadáns, en Gondomar, que solo cobra 430 euros al mes de la prestación de la risga. La mujer, acusada de montar una casa ilegal en el 2011, alegó en el juicio que ese es su único techo. «Yo no tengo donde vivir. Si llego a saber que esto me iba a traer tantos problemas, no hubiese montado la casa, me metía debajo de un puente», indicó la implicada. Tampoco tiene dinero para derribar la casa. Afronta año y tres meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por vulneración de la Louga y de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Gondomar.

El juicio se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. La acusada contó que compró en el otoño del 2011 la casa prefabricada de madera a un empresario vigués del entorno de Valadares y que este le aseguró que no necesitaba ninguna licencia para ponerla en un terreno que está calificado como no edificable. Le dio las llaves y se fue a vivir allí pero sin servicios básicos. Insistió en que ella ignoraba que el plan de urbanismo de Gondomar se había anulado y que había cambiado la calificación de su terreno. Añadió que alrededor de su parcela, a solo 30 metros, hay varias casas.

La mujer añadió que tampoco hizo obras de saneamiento ni suministro eléctrico porque «enganchaba» la luz en la casa de sus vecinos, les pedía una manguera para lavarse la cara y se iba a duchar a la casa de ellos. Hacía sus necesidades higiénicas en el campo. Aseguró que por el día iba a casa de su madre a cuidarla y que allí le llegaban las cartas de la Xunta.

La Fiscalía mostró como prueba una vista por satélite de la aplicación Google Earth donde aparece una plataforma o base de hormigón en el terreno rústico, donde luego el constructor levantó en cinco días la casa prefabricada de planta baja, 48 metros cuadrados y porche, así como un tejado a dos aguas. Las obras fueron valoradas en 33.984 euros por una subinspectora de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (Aplu) de la Xunta.

La vivienda fue descubierta en noviembre del 2014 por una subinspectora. Según la Fiscalía, todas las obras se realizaron sin haber obtenido licencia ni autorización, la casa estaba fuera de un núcleo rural y la parcela fue calificada como suelo no urbanizable o rústico. La acusación, además de prisión, pide 15 meses de inhabilitación para oficio y la demolición.

«No tengo dónde vivir. De saber que tendría problemas, me metía debajo de un puente»