Las familias vulnerables no se libran de los desahucios: 150 en lo que va de año en Vigo
VIGO
Pese al récord de aplazamientos por un mes debido al covid, suben un 33 %
09 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo ha desalojado en lo que va de año 149 inmuebles, la mayoría pisos alquilados porque los inquilinos no pagaron la renta. Apenas quedan hipotecados. La mitad de las familias expulsadas lograron, previamente, una prórroga o un aplazamiento porque no tenían recursos económicos y carecían de medios para realojarse. La Xunta les reconoció la situación de vulnerabilidad por el covid y el juez les dio un plazo de un mes para que Servicios Sociales les buscase un alojamiento alternativo. Entre el 40 o 50 % de todas las familias que iban a ser desalojadas por orden judicial pidieron el aplazamiento y casi todas lograron el mes de prórroga. Cuando pasó el plazo, la comisión judicial volvió al piso y, generalmente, ya estaba vacío.
La situación se ha agravado en el primer trimestre, cuando Vigo padeció el cierre perimetral y las restricciones a la hostelería por la pandemia. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, el servicio común recibió 122 órdenes de ejecución de desahucio (lanzamientos) pero realizó 149. Fueron más por el trabajo acumulado en las vacaciones de Navidad. Hay mayor actividad que el año pasado, cuando la oficina recibió 102 órdenes de lanzamiento y ejecutó 112. A pesar de las prórrogas, hay un aumento interanual del 19 % en los mandatos de desalojo y del 33 % en los ejecutados.
Los funcionarios admiten que las cifras de prórrogas son de récord, lo que vinculan con la crisis sanitaria del covid. «La protección a las personas con vulnerabilidad ya existía antes del estado de alarma pero ahora aumentó la gente sin ingresos, con el covid se incrementó el número de hogares que solicitan un aplazamiento de su desalojo, se pide por la situación de epidemia de covid», explica el letrado judicial Fernando Varela. Antes de la crisis sanitaria, las prórrogas que se concedían eran a madres en paro con hijos menores a su cargo en situación de vulnerabilidad.
Este año, ha habido un caso excepcional de aplazamiento que fue pedido por el propio promotor del desahucio. Se trata del desalojo de una treintena de chabolistas de Navia, que paró el dueño de los terrenos, una cadena de gimnasios asturiana. En marzo, la empresa llamó a la oficina de Notificaciones de Vigo en marzo y pidió que suspendieran el desalojo indefinidamente y sin solicitar una nueva fecha. Los afectados podrán seguir allí mientras la empresa no pida otra vez que se asigne un día para la expulsión.
Los funcionarios que acuden a cambiar la cerradura de los pisos devueltos a sus caseros no saben el perfil del inquilino que se acoge a la prórroga porque no suele estar en la vivienda. Sospechan que se trata de familias golpeadas por la crisis, ya que están en ERTE, son viudos o tienen hijos menores. «Ahora las prórrogas son por la situación de epidemia del covid. De cada cien lanzamientos fijados, 40 o 50 se prorrogan. Se conceden casi todos, No tuvimos estas cifras hasta que llegó el covid», insiste Varela.
«Hay muchas suspensiones de familias que están en situación de vulnerabilidad y que contactan con los servicios sociales en base al decreto dictado en ese sentido. Normalmente, estas familias saben cómo funciona, piden ayuda a los servicios sociales y tenemos que suspender el lanzamiento, a veces el mismo día o la víspera. Cuando volvemos por segunda vez un mes después, los pisos están vacíos», explica.
El Servicio Común confirma que desde enero están estables los desalojos de pisos okupados.