Un programa elige al azar a una mujer de 108 años para ser jurado popular

e. v. pita VIGO / LA VOZ

VIGO

M. MORALEJO

Entre los 260 nuevos candidatos de la provincia hay seis mayores de 80 años

01 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

La Audiencia provincial ha seleccionado a 260 candidatos a formar el tribunal del jurado que estará vigente durante dos años para sortear entre ellos un tribunal popular en los juicios que se celebren en Vigo y Pontevedra. Un programa informático usó un algoritmo para seleccionar al azar a estos ciudadanos entre 715.000 ciudadanos mayores de edad de la provincia. En la lista, que entrará en los sorteos hasta el 2023, figura una mujer nacida en mayo de 1912 y que cumpliría 109 años la próxima primavera. Tenía seis años cuando irrumpió la gripe española de 1918. No obstante, su DNI está anulado, lo que seguramente la descarta. Además, hay que tener en cuenta que la ley contempla como causa para estar exento de formar parte de un jurado ser mayor de 65 años. A partir de esa edad no están obligados.

La lista de candidatos se ha enviado a los ayuntamientos para su exposición pública. En la selección también figura otra mujer que cumplirá 91 años en abril, así como cinco octogenarias de 88, 86, 85, 82 y 81 años. Debido a su avanzada edad, dichas ciudadanas podrán presentar una excusa para no formar parte del jurado.

Entre los más jóvenes figuran los primeros integrantes de la generación Z o nativos digitales, entre los que se encuentran tres hombres y una mujer de 19 años que nacieron al empezar el siglo XXI, en el año 2001.

El primer juicio con jurado en Vigo está previsto para los próximos meses, pero ya hay un grupo de 20 candidatos preseleccionados a finales del 2020, antes de que caducase su período de servicio. Se celebrará en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra. La sala tendrá que sopesar si disuelve el antiguo y llama al nuevo tribunal popular.

Se trataría de una vista contra un alto funcionario del Concello de Vigo y un constructor de la operación Patos. Supuestamente, el funcionario aceptó que el empresario le pagara citas con mujeres de clubes de alterne a cambio de favores en adjudicaciones de obra pública. El jurado tendrá que votar si hubo un delito de soborno (cohecho) a funcionario público.

Debido a la pandemia, la sala de la Audiencia ha adoptado medidas especiales como instalar una mampara en forma de jaula que rodea a los nueve miembros del jurado y a dos suplentes, con el fin de evitar el contagio.

La mayoría de los jurados que se constituyen en Vigo son por causas graves, como el homicidio o el asesinato, salvo si el móvil del crimen es machista. En tal caso, la vista se traslada a Pontevedra, porque la dirige la sección cuarta de la Audiencia, en Pontevedra, que se hace cargo del caso porque está especializado. Esto será lo que ocurrirá cuando se celebre, quizás a finales de año o en el 2022, el juicio contra un vecino de O Val Miñor que el año pasado fue detenido por el supuesto asesinato a su esposa cuando estaban en trámites de divorcio.

Antes del juicio, el ordenador selecciona de la lista de candidatos a treinta personas, las cuales tienen un plazo para presentar excusas para ausentarse (razones de edad, incompatibilidad profesional) y contestar unos cuestionarios que les envía la sala. De estos, deben quedar cerca de una veintena para hacer otra criba a pie de sala, donde los abogados les hacen preguntas y descartan a los hostiles a su cliente o que han prejuzgado el caso.

Deben quedar nueve titulares y dos suplentes, los cuales acuden a sala durante los días del juicio. Una vez que el acusado dice su última palabra, son escoltados a un hotel para dormir. Deben estar aislados hasta que voten y lean su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de una lista de preguntas que les hace la magistrada.

Una institución que lleva ya 26 años en vigor

Este ha sido el último sorteo celebrado en Pontevedra desde que, en el mes de mayo de 1995, entrara en vigor la Ley Orgánica que regula el Tribunal del Jurado en España, contemplado en la Constitución de 1978. En el país ya estuvo instaurado de forma intermitente desde 1812 hasta la llegada de la dictadura franquista.