El desbloqueo al plan para Vulcano queda en manos de los miembros del consejo del Puerto

López Veiga gana un mes mientras Asime y CC.OO. piden a la Xunta que decante la balanza por el astillero

López Veiga, en una visita a Vulcano
López Veiga, en una visita a Vulcano

Vigo / la voz

No va a haber solución a corto plazo para Vulcano, pero el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, todavía no ha ganado la batalla que está dando para reservar los terrenos de Teis para descarga de contenedores. En la reunión del consejo de administración que el Puerto celebró ayer, el futuro de Vulcano estuvo planeando pero no se llegó a abordar. En el consejo de administración están representados distintos organismos e instituciones, gobernados por diferentes partidos, así como empresarios de sectores que tienen que ver con la actividad portuaria.

En la reunión, el consejero de Comisiones Obreras presentó una solicitud para que se votase la retirada del recurso contra el plan de liquidación del astillero. Este recurso judicial fue presentado por el presidente del Puerto y es lo que mantiene bloqueado el futuro del astillero. Porque el juzgado ha aceptado que se paralizase la liquidación del astillero de manera cautelar. Mientras ese bloqueo siga ahí, ni los trabajadores cobran sus deudas ni se puede vender la unidad productiva o traspasar la concesión.

López Veiga bloqueó la votación. El presidente del Puerto pidió que se retrasase el debate a la siguiente reunión del consejo de administración, como punto del orden del día. En la última semana de cada mes se reúne el principal órgano societario de la Autoridad Portuaria. En la sesión de febrero se tendrá que votar si se retira el recurso judicial, lo cual daría vía libre a la liquidación del astillero y a la posibilidad de que se presenten ofertas por la unidad productiva. La única que se ha formalizado hasta ahora es la de Vicalsa, que plantea invertir 10,5 millones.

En un comunicado, CC. OO. aseguró que el presidente de López Veiga se extralimitó en sus funciones, ya que no tiene competencias con la presentación del recurso judicial. Es una decisión que debería haber correspondido al consejo de administración y el presidente solo habría tenido la facultad de presentarlo en caso de urgente necesidad y tendría que haber informado en la primera reunión del consejo.

Con el movimiento de ayer, Enrique López Veiga gana un mes. El presidente del Puerto de Vigo anunció a principios de diciembre que recurriría al Consejo de Estado para ver si era legal entregar a Vicalsa (o a cualquier otra empresa) la concesión de Vulcano. La concesión no expira hasta el 2027, pero el presidente portuario opina que, una vez liquidado Vulcano, no puede quedársela otra empresa. Esto sería una cuestión legal, que Veiga quiere que el Consejo de Estado resuelva. Aunque en realidad él nunca fue a este órgano consultivo, como anunció. Esta misma semana reconoció que en realidad le remitió un expediente a Puertos del Estado, el organismo del que depende funcionalmente, con el objetivo de que este se lo pasase al Ministerio de Fomento (ahora llamado Transportes y Movilidad), para que a su vez se lo rebotase al Consejo de Obras Públicas, que también elevaría un informe para el Consejo de Estado. Toda esta maraña burocrática servirá para despejar la incógnita sembrada por López Veiga sobre la legalidad de entregar a Vicalsa la concesión sobre la factoría de Teis.

Eso sí, el político del PP ya ha dicho que el plan de esta empresa no se ajusta a la ley y que además es «poco serio» porque contempla una inversión de 10,5 millones de euros, que es más de lo que en su día se comprometió a gastar Pemex en Barreras cuando entró al rescate del astillero.

Su postura sobre el futuro del astillero ha sido criticada muy duramente tanto por los trabajadores, como por los sindicatos y por la patronal del metal. Asime exigió esta semana que la Xunta respalde el proyecto de futuro para Vulcano y tildó de indigno que el Puerto lo criticase. Ayer Comisiones Obreras acusó a López Veiga de querer «liquidar el naval» y, al igual que Asime, exigió a la Xunta «que se posicione claramente del lado del naval o del presidente de la Autoridad Portuaria».

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