El edil respondió a «todas» las preguntas de la jueza y culpó de los contratos al jefe de servicio Orúe
23 feb 2016 . Actualizado a las 17:34 h.El concejal de Participación Ciudadana de Vigo y secretario provincial del PSdeG, Santos Héctor Rodríguez, ha comparecido hoy ante la jueza de instrucción número 7 de Vigo que le investiga por un supuesto caso de enchufismo de una cuñada de la también concejala Carmela Silva y ahora presidenta de la Diputación de Pontevedra. Supuestamente, la trabajadora colocada cobraba un sueldo sin asistir a su empleo.
A su salida, Santos Héctor indicó que «contestei a todas as preguntas da xuiza e confío na Xustiza». Solo lo hizo a la jueza y calló ante el letrado de la acusación popular.
Según fuentes cercanos al caso, señalan que Héctor Santos Rodríguez aseguró que nadie le dio instrucciones para que la concesionaria Imesapi contratase a la cuñada de Silva, Vanessa Falque, a la que el edil asegura que no conocía de nada hasta que un día, en el ayuntamiento, alguien le dijo que era ella.
Apunta al jefe de servicio de empleo y participación ciudadana, Francisco Gutiérrez Orúe, de haber dado forma a los contratos sospechosos.
Para justificar las tareas de esa trabajadora se habrían realizado nueve contratos menores por parte de Imesapi a lo largo del 2008 y 2013 por valor de 108.000 euros. Supuestamente, la trabajadora colocada cobraba un sueldo sin asistir a su empleo, salvo durante dos meses. La tarea consistía en hacer encuestas de centros sociales y los trabajos, declaró el concejal, se recepcionaron. Santos Héctor niega haber tenido conocimiento de toda esta trama para disimular los pagos.
La ronda de interrogatorios termina con esta toma declaraciones, por lo que, a partir de ahora, la jueza deberá sopesar si mantiene en la causa a todos los investigados.
El secretario general de Xuntos, Carlos González Armada, ha mostrado hoy su «indignación» porque el fiscal que investiga los supuestos enchufes no estuvo presente en la declaración de Héctor Santos.
El partido exigió la dimisión del concejal de Participación Ciudadana por haber contestado a la jueza que no estaba al tanto de las operaciones de su subordinado Orúe, al que culpa de haber dado forma a los contratos. También pide que dimita el concejal por no haber contestado en el interrogativo judicial al abogado de la acusación particular.