Los juristas reclaman la creación de un cuarto juzgado en Vigo para agilizar el cumplimiento de las condenas
09 jun 2011 . Actualizado a las 12:09 h.El fantasma del caso Mari Luz, el error judicial que dejó libre a un malhechor y que conmocionó a España, recorre el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. El tribunal está atascado con 937 sentencias pendientes de que el acusado cumpla la condena. Un olvido al realizar el seguimiento o un error en los plazos supondría dejar en la calle a un delincuente. Por ello, los funcionarios se sienten agobiados por la presión y el alto sentido de su responsabilidad.
Pero, por mucho interés que pongan los encargados de supervisar la correcta ejecución de la sentencia, ¿cómo van a encontrar un expediente de ejecutoria entre una montaña de legajos apilados en los pasillos, debajo de las mesas o sobre el suelo? Las agendas son la solución para llevar la cuenta pero el temor a un fallo humano pende como una espada de Damocles sobre los agentes judiciales.
El juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha lanzado numerosas alertas en los últimos años sobre la acumulación de ejecutorias en sus despachos. Su volumen de trabajo no para de crecer, lo que ha llevado a la junta de jueces y a otros juristas a reclamar la creación en Vigo del cuarto juzgado de lo Penal, especializado en el seguimiento de las ejecutorias.
El portavoz de Xustiza de CC.OO., Pablo Valeiras, confirmó ayer que los juzgados de lo Penal tienen una sobrecarga muy importante de trabajo a causa de las ejecutorias. El problema es que este volumen de tareas es invisible en las estadísticas porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no las incluye en sus cómputos ni lo tiene en cuenta a la hora de ampliar la plantilla a pesar de que ocupan horas a los funcionarios. Según indica el portavoz sindical, muchos de los pleitos de violencia doméstica terminan en un juicio de lo penal, que debe hacer las citaciones y el resto de los trámites, pero que es computado como un caso del juzgado de guardia.
Para colmo, la carga de trabajo ha aumentado debido a la introducción de los juicios rápidos en el 2003 y las sucesivas reformas de tráfico que sientan en el banquillo a los conductores ebrios o sin carné. A ello se sumó la última reforma del 23 de junio del 2010 que conllevó la revisión de las sentencias por tráfico de droga, contra la seguridad vial y contra la propiedad intelectual. En diciembre, hubo que estudiar y aplicar la norma más favorable a cientos de condenados con prisión, trabajos en beneficio de la comunidad y multa. «Pedimos el cuarto juzgado y refuerzos con personal nuevo y desde la Administración solo han puesto la ampliación de jornada. Es insuficiente, hay que ampliar la plantilla con dos refuerzos en cada juzgado. Y falta una sede judicial adaptada a lo nuevo», dice Valeiras.
Las reformas legales han ocupado la sala con malos tratos y conductores ebrios
En diciembre, fueron revisadas decenas de condenas de prisión y trabajos