Las limpiadoras de colegios públicos obligan a suspender el pleno municipal

Juan Manuel Fuentes Galán
Juanma Fuentes VIGO / LA VOZ

VIGO

La CIG asesora al colectivo para mejorar sus condiciones laborales

01 feb 2011 . Actualizado a las 11:40 h.

-Ya les he dado dos avisos. Al tercero suspenderé la sesión -advirtió el alcalde. -¡Readmisión de la despedida y aumento de horas de contrato para conseguir la jubilación! -respondieron a coro el grupo de limpiadoras de colegios públicos que desde un rato antes dificultaban la celebración del pleno municipal. -Se levanta la sesión -fue la reacción de Caballero, quien otras veces ha hecho gala de mayor flexibilidad. De inmediato el alcalde abandonó la sesión junto con la mayoría de los concejales socialistas. BNG y PP mantuvieron a sus ediles en el sala a excepción de los portavoces. Durante veinte minutos analizaron la situación, llegando a la conclusión de que era imposible celebrar la sesión en condiciones de normalidad. Obviamente, el alcalde tenía en sus manos la opción de expulsar a las alborotadoras y seguir la reunión a puerta cerrada, una solución que nunca se ha aplicado en el actual mandato. Por esta razón regresó al salón de plenos para anunciar la suspensión y delegar en la junta de portavoces su reanudación en otra fecha. Durante la interrupción varios agentes de la Policía Local vigilaron a las limpiadoras, quienes se limitaron a proferir gritos de protesta y exhibir carteles reivindicativos. La policía trató de amedrentarlas asegurando que si no deponían su actitud serían desalojadas y les tomarían la filiación, advertencia que no tuvo efecto alguno. También discutieron las mujeres con un militante del PSOE. Atrio y Santos Héctor Los concejales socialistas de Educación, Laura López Atrio, y de Empleo, Santos Héctor Rodríguez, fueron los destinatarios de las quejas de las limpiadoras. Ambos han participado en las negociaciones y a juicio de las afectadas no han cumplido sus compromisos. Según Transi Fernández, responsable de la CIG en este conflicto, las demandas de las trabajadoras son mínimas. «Simplemente reclaman que tres de ellas, de más de 55 años, pasen de 15 horas de contrato semanal a 16 para que puedan jubilarse. Se han negado y, además, la empresa acaba de realizar un despido encubierto al no renovar un contrato temporal. Por tanto, si no nos ofrecen una solución seguiremos presionado», aseguró. Tras el pleno, el portavoz socialista Carlos Font convocó a los periodistas para dar la versión del gobierno local. Llegado el momento, la comparecencia fue suspendida a fin de disponer de todos los datos necesarios. Con seguridad el grupo socialista hablará ahora con la empresa concesionaria para resolver el conflicto que se alarga desde noviembre.