Es justo reconocer al Gobierno de la Xunta su valentía al condenar a la empresa Construcuatro, propiedad del candidato a la Alcaldía de Pontevedra Telmo Martín, por cobrar sobreprecios a vecinos de Navia, en Vigo. La firma ha sido multada con 2,47 millones de euros, deberá devolver los 1,23 millones que cobró ilegalmente y queda inhabilitada para construir viviendas de protección oficial en los próximos seis años.
No resulta común en política que se tenga la valentía de aplicar la «dura lex» de la ciega Justicia, sin atender al color del acusado. En este caso, hablamos del líder del Partido Popular pontevedrés y candidato al trono capitalino. Por ello, resulta elogiable esta resolución, que adorna a nuestro gobierno autonómico. Podría objetarse, sin embargo, que los hechos eran demasiado claros. Y que resolver de otra forma hubiera sido un escándalo. Pero peores cosas se han visto.
Construcuatro, la empresa que Telmo Martínez tiene en propiedad con otros dos socios, cobró ilegalmente cantidades de hasta 42.000 euros a familias viguesas que habían logrado una vivienda de protección oficial en Navia. Este dinero se pagaba a través de intermediarios, que presionaban a los incautos ciudadanos para que abonasen diversas cantidades en negro, en efectivo y en sobre. Además del delito fiscal, que Hacienda resolverá, hay un fraude a unos honrados vigueses, que sufrieron para conseguir un dinero con el que no contaban.
Por fortuna, algunos audaces del edificio del número 25 de la calle Teixugueiras pensaron que tenían que denunciar este atropello. Se personaron ante la Policía y lograron llevar equipos de grabación a las reuniones en las que se les exigía sobreprecio. Y han quedado muy claros los medios, rayanos en la extorsión, utilizados para conseguir este dinero opaco, que Construcuatro, la empresa de Telmo Martín, ingresaba. Ante semejante escándalo, ratificado por la condena impuesta esta semana por la Xunta de Galicia, el candidato a la Alcaldía de Pontevedra ha dicho lo esperado: «Este tema sale a la luz porque soy quien soy». Curiosamente, quienes sancionan a su empresa son de su misma formación política. Y las víctimas no tienen afiliación reconocida.
El caso adquiere, en sus justificaciones, tintes surrealistas. Telmo Martínez, que fue alcalde de Sanxenxo antes de desembarcar en la política pontevedresa, ha dicho que la condenada es la empresa. Y que él solo era un socio mayoritario. Por lo visto, desconocía estas prácticas de recaudación en negro, así como la contabilidad en general, en la que, por cierto, entraron en caja 1,23 millones, cifra que debería resultar llamativa. Ahora entendemos cómo, hace unos meses, Telmo Martín llamó a los pontevedreses a rebelarse cuando Vigo pidió un aula de la UNED. Dotación que tiene hasta Lalín. «Nos quieren robar la UNED», dijo. Normal. La educación no interesa. Suele resultar una defensa frente a quienes pretenden abusar de los demás.