El BNG va a pedir en el Congreso que el tramo de autopista entre la avenida de Buenos Aires y el centro se convierta en un vial urbano. La iniciativa no es nueva. Hace ya diez años, el alcalde Castrillo pidió lo mismo y lo mandaron a buscar el «cañón de oro» al monte Alba. Audasa, la concesionaria, se negó entonces, aduciendo que se generarían grandes embotellamientos. Era la disculpa de una empresa que llevaba años lucrándose con el puente de Rande o el ridículo trayecto hasta la salida de Redondela. El gobierno de entonces avaló a Audasa y el asunto se olvidó. La petición de Castrillo llegaba, además, en un momento incómodo. Aznar y Álvarez Cascos tenían otros planes para la autopista gallega. Así, bajo la disculpa de una mínima rebaja de los peajes, firmaron una ampliación de la concesión. De esta forma, ahora estaríamos a punto de ver cómo la AP-9 pasaba a manos públicas. Y el lastre de los peajes, que castiga al transporte gallego y la movilidad de sus ciudadanos, sería historia. Pero aquel gobierno firmó una prórroga de la concesión hasta el año 2048, garantizando el atraco durante una generación más. Hoy, seguimos pagando un costoso peaje para movernos por el corredor atlántico. La broma sale a 12,50 euros por trayecto entre Vigo y A Coruña, 25 euros ida y vuelta. Cuando a muchos políticos se les hincha el pecho, hablando de «vertebrar» Galicia, deberían recordar la indecencia cometida cuando se prorrogó la concesión de una autopista que ha sido amortizada varias veces, y ha dado ya abusivos beneficios. Frente a esto, lo que pide el BNG de Vigo es muy poco: Liberar un tramo de apenas dos kilómetros y convertirlo en una calle como las demás. Porque es inconcebible que una autopista de peaje pueda tener su final en el centro de una ciudad. Esto no existe en ningún sitio civilizado del mundo. Las autopistas deben desembocar en circunvalaciones. Y no hipotecar la vida en el centro urbano, partiéndolo en dos con un hachazo de asfalto, que es lo que ocurre en Teis desde hace 35 años. En esta ocasión, además, ya no valen disculpas del pasado. El enlace Rande-Puxeiros ha dado un curso normal, fuera de la ciudad, a la AP-9. Y, desde ese punto, el resto es un mero acceso a Vigo. Y es Vigo quien debería gestionarlo como un vial más. El ministro José Blanco, que muestra una sensibilidad inaudita hacia las necesidades de Vigo, tiene una buena ocasión para apuntarse un tanto, apoyando la iniciativa. Y el Partido Popular, si la estrategia de oposición lo permite, haría bien en no oponerse. Queda, por último, el plácet de la concesionaria, que actualmente controla el grupo inversor Citigroup, por cierto participado en un 36 por ciento por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Así que pudiera resultar que, una vez presentada la moción en las Cortes de Madrid, haya que ir a rogar a Washington. Y pedirle ayuda a Barak Obama. Así es, tristemente, el país en que vivimos.