Lucía Molares tiene muy claro que su cargo es político, pero que sus funciones abarcan tanto la representación política de la Xunta como la responsabilidad del funcionamiento administrativo de la delegación territorial. A su cargo están cientos de funcionarios que ya no tienen por encima a delegados provinciales de cada consellería. Todos dependen de Molares y, por supuesto, de los cargos autonómicos de Santiago.
Debido a ello la delegada está especialmente satisfecha de los avances logrados en la aplicación de la ley de dependencia, un tema de la máxima sensibilidad social. «En solo ocho meses hemos duplicado el número de expedientes que cobran la prestación, concretamente un 106%, más que en los dos años anteriores. Para lograrlo ha sido preciso un gran esfuerzo de los funcionarios y pretendemos seguir en la misma línea el año próximo».
Aunque es un dato difícil de interpretar fuera de los muros de la sede autonómica, Molares está muy satisfecha de «mantener al día el registro, una cuestión clave para que la administración sea eficaz. Y teniendo en cuenta que han sido más de 206.000 escritos en lo que va de año no siempre ha sido sencillo, pero hemos aplicado un plan de choque para conseguirlo».
«La Xunta no es la administración más próxima, que es el Concello, pero tampoco es el Estado que prácticamente solo elabora normas. La Xunta hace gestión, sobre todo en materias sociales y empleo, por lo que la recepción de las demandas de los ciudadanos debe ser ágil para que la respuesta pueda serlo también. Si la ciudadanía no ve que se le responde de nada vale decirle que me dedico a hablar con los alcaldes. Hay que mejorar la gestión, si no es un fracaso absoluto», teorizó la delegada.