La Federación de Servicios y Administraciones Públicas del sindicato CC. OO. presentó un escrito a la prensa para denunciar que la Xunta incumplió las medidas que la Inspección de Trabajo le ordenó tomar hace nueve meses sobre salud laboral. La Xunta estaba obligada a eliminar el hacinamiento que sufren los funcionarios, procuradores y usuarios en la oficina común de notificaciones y embargos de los juzgados de la calle Lalín. Se trata de los agentes que tienen que llevar a los demandantes y demandados las citaciones del juez, además de depositar los escritos y sentencias para que los recojan los procuradores. «Lo único que hizo la Xunta fue poner dos ordenadores nuevos», dice el coordinador de Xustiza, Pablo Valeiras. Las primera denuncias que los funcionarios presentaron en la Inspección de Trabajo ante la precariedad de las oficinas datan del 25 de enero del 2008. Estos aseguraban que trabajaban en condiciones propias del siglo XIX, sin apenas ordenadores, ni sillas ni espacio suficiente. La subdirectora de Saúde Laboral y la delegada provincial visitaron el año pasado las instalaciones para comprobar la veracidad de las quejas. En mayo del 2008, los inspectores de trabajo visitaron las oficinas y escribieron un informe con las deficiencias observadas, así como las medidas a tomar y el plazo para hacerlo. En primer lugar, los inspectores confirmaban la situación de hacinamiento de la oficina porque veinte funcionarios debían compartir un habitáculo de 30 metros cuadrados. Estos coinciden todos a la vez entre horas punta como de 12.45 a 14.00 horas. En el mismo espacio se juntan los procuradores, que ascienden a 96. La Inspección de Trabajo dio tres meses a la Xunta para subsanar el problema. El segundo punto que la administración gallega debía resolver era la ausencia de armarios o taquilla. Tenía un plazo de un mes para hacerlo y aportar los medios adecuados para el desempeño de tareas en el exterior del centro como carritos, guantes o mascarillas. Veinte días de plazo Los inspectores también dieron 20 días de plazo a la Xunta para que arreglase la puerta de entrada a la sala de reuniones, en la zona semisótano, que tiene una altura aproximada de 1,80 metros. En otras tres semanas, la administración gallega debía mejorar la iluminación en el acceso al párking de los juzgados. El 19 de julio del 2008, la Inspección concedió a la Xunta un plazo de 15 días para presentar alegaciones. El sindicato sostiene que, tras estos requerimientos, la Xunta se limitó a remitir a la oficina común dos monitores, dos percheros, y arreglar la iluminación.