PP y BNG decidirán si sale adelante una propuesta socialista que carece de precedentes conocidos
15 dic 2008 . Actualizado a las 11:14 h.Ajeno al revuelo originado por su decisión de prohibir el acceso a los plenos municipales de los vecinos que interrumpan su desarrollo el alcalde vigués quiere darle rango normativo a esta medida represiva. Para ello ha puesto en marcha una comisión de los tres partidos de la corporación viguesa que desde hace una semana estudian un reglamento aunque todavía no han llegado al crucial artículo 67.
Carlos Font por el PSOE, María Méndez en nombre del Bloque y Jorge Conde representando a la oposición popular junto con el secretario del pleno, José Riesgo, son los encargados de elaborar una propuesta de consenso para su debate y aprobación en el pleno. En la reunión celebrada hace una semana avanzaron bastantes artículos, que fueron ratificados por unanimidad ya que mantienen la práctica establecida hasta ahora en el Concello vigués.
A partir de las cinco de la tarde de hoy mantendrán una nueva reunión en la que posiblemente se llegue a la cuestión que ha motivado la puesta al día del reglamento existente. Su objetivo es evitar problemas durante el desarrollo de los plenos, algo en lo que se ha avanzado notablemente en los últimos años desde que el PP implantó el control policial de los asistentes y limitó la cifra de espectadores.
El actual alcalde, el socialista Abel Caballero, quiere impedir cualquier alteración con la posibilidad de sancionar a quienes expulse del salón de plenos en su calidad de presidente de la corporación. En concreto, la propuesta establece que en estos casos tendrán prohibido su acceso a las tres siguientes sesiones plenarias, una medida novedosa que ningún ayuntamiento ha puesto en marcha en treinta años de democracia.
El Bloque decide
A la espera de conocer la postura de los socios nacionalistas del gobierno y de la oposición popular todo hace indicar que el Bloque será la fuerza que inclinará la balanza. Salvo una sorpresa es previsible que el PP vote en contra, confirmando así sus críticas al alcalde por el veto a cinco vecinos aplicado sin reglamento alguno. En tal supuesto serían los nacionalistas, el grupo que puso en marcha el reglamento de Participación Ciudadana, quien tenga la última palabra.
Su aprobación precisa el voto de la mayoría del pleno aunque lo recomendable en normas de este tipo es el consenso de toda la corporación. Como no parece probable que se consiga, en este caso sería el Bloque el encargado de decidir si el alcalde puede impedir de manera directa la presencia de vecinos molestos e incómodos en el pleno de la corporación.