Los vecinos de la finca número 48 de la calle Príncipe, en la que se desprendió un balcón el lunes, llevan cinco años presentando denuncias en el Ayuntamiento sin que el inmueble haya sido remozado por sus dueños, los herederos de un empresario hotelero de Oporto.
El desprendimiento de un trazo de piedra del balcón, que pesa 50 kilos, podía haber matado a algún viandante, aunque, por fortuna, la pieza se precipitó cuando no pasaba nadie. La caída se produjo en un inmueble en cuyo bajo se ubica una tienda de moda, Ana Sousa, que en otros momentos registra una gran afluencia de público. Como era lunes a las seis y media de la tarde había poco tránsito de personas por la calle Príncipe. Eso evitó la tragedia.
Un arquitecto realizó ayer una inspección a instancias de la propiedad del edificio y concluyó con que no existe peligro de nuevos desprendimientos, según señaló el albañil que colocó una tela para evitar que nuevas caídas de cascotes acaben sobre el suelo de la calle Príncipe.
La pieza se desprendió de su armazón de hierro por la oxidación y la infiltración de agua. La red que se ha colocado ahora en los balcones de la primera planta «no aguantaría ni un desprendimiento de diez kilos», opina Manuel Vázquez, vecino de la finca.
Manuel Vázquez Puentes lleva cinco años presentando denuncias en el Ayuntamiento sobre el mal estado del edificio. «Hasta ahora no han venido a realizar la inspección que he solicitado». Vázquez presentó su primera denuncia el 17 de noviembre del año 2003. En esa fecha solicitó la inspección de la vivienda. Y se hizo, pero la efectuó la oficina del consumidor en lugar de la policía urbanística. Tres días más tarde el inspector de la Oficina Municipal de Información al Consumidor realizó una inspección en la que señalaba numerosas deficiencias en la casa e instaba al arquitecto o aparejador municipal a que visitasen el inmueble y emitisen otro informe sobre su estado y seguridad.
Espera desesperante
Como al cabo de cuatro años Manuel Vázquez y su esposa seguían esperando la visita del técnico de Urbanismo, estos inquilinos del tercer piso enviaron un nuevo escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha de 24 de enero del año 2007 instando a una revisión por parte de los técnicos «a fin de que la propiedad proceda a los arreglos y de acuerdo a la Ley 9/2002 de 30 de diciembre la vivienda cumpla las condiciones establecidas para poder servir al fin destinado». En su petición volvió a adjuntar el informe emitido por el inspector de Urbanismo en el año 2003. Desde entonces la situación no ha mejorado sustancialmente «aunque se han hecho unos pequeños arreglos en el tejado del edificio para que no entrase agua», reconoce Manuel Vázquez Puentes.