El Ministerio de Fomento no ha satisfecho todavía los importes correspondientes a las expropiaciones del segundo cinturón vigués, que lleva trece meses abierto al tráfico rodado. En total, casi 700 afectados por la infraestructura se encuentran aún pendientes de recibir una notificación desde Madrid, lo que representa un 40% del total de los vecinos expropiados inicialmente. El BNG, a través de su diputada en el Congreso Olaia Fernández Davila, exigió ayer al departamento de Magdalena Álvarez el pago de las indemnizaciones y reclamó a Fomento la agilización de las mismas. Fernández Davila, a través de una iniciativa parlamentaria, ha preguntado a Fomento qué tipo de medidas se pretenden adoptar para evitar nuevos desprendimientos en el vial vigués, sobre todo a la altura de Valladares y Matamá. También se ha solicitado a la titular de infraestructuras públicas que se eliminen los cúmulos de tierra, así como el arreglo de los caminos de servicio afectados por los derrumbes, que impiden a los vecinos de la zona acceder a sus fincas. En la actualidad, el camino de servicio situado a la altura de Matamá (en la salida de Vigo), se encuentra cortado al tráfico -en un tramo de 700 metros-, desde hace seis semanas debido a las fuertes lluvias registradas en diciembre. El otro vial de acceso a los terrenos particulares se encuentra completamente bacheado. Peligro para el tráfico Peor lo lleva el tráfico rodado. El carril de aceleración también lleva paralizado un mes y medio, con el consiguiente peligro para el tránsito de vehículos de gran tonelaje, al encontrarse en una zona con un desnivel del 7%. La solución aportada por el departamento de demarcación de carreteras fue la de instalar conos a lo largo del vial. El gobierno local se comprometió en su momento a realizar las gestiones oportunas para devolver la VG-20 a su estado inicial, denuncian los afectados.