Una veintena de familias se han visto afectadas por la sentencia del Tribunal Superior que declara ilegales las licencias otorgadas por el Concello para construir sus viviendas Querella contra un particular que puso más de 500 denuncias
11 ene 2007 . Actualizado a las 06:00 h.La anulación de las licencias dictada por el Tribunal Superior ha afectado a una veintena de familias de A Guarda. «La mayoría gente humilde, que con su trabajo, intentaba conseguir su primera vivienda», explicó el alcalde. La sentencia ha echado por tierra el sueño de estos propietarios. José Ángel Verde expresaba ayer su frustración, afirmando que «el dinero vale, te lo pueden pagar, pero las ilusiones te las quitan para siempre». La suya era disfrutar de la vivienda que comenzó a construir en el 2002, con su mujer y sus hijos. José Ángel, carnicero de profesión señaló que, «fui invirtiendo todo lo que ganaba en la casa, mis ahorros y, ahora, está anulado todo». Este vecino no quiere culpar al gobierno local pero no puede evitar reconocer que «me siento timado y engañado, creo que cuando renové la licencia, en el Concello ya sabían que podía haber problemas pero nadie nos informó». Su vivienda es una de las siete que el Juzgado de Pontevedra había considerado legal, pero el recurso presentado ante el Tribunal Superior le ha dado la razón a la Xunta. Entre los afectados por el fallo judicial hay también dos ediles, uno del PP y otro del PSOE. Éste último, Antonio Lomba, tenía licencia para edificar desde el 2000, tras comprar los terrenos suficientes para anexar a unos de su suegra y conseguir 2.500 metros cuadrados. El concejal aún no había comenzado las obras, pese a que ya tenía el proyecto entregado, porque estaba pendiente de la resolución del contecioso. «O que nos queda a todos é reclamar unha indemnización, e é tamén a recomendación dos responsables políticos do Concello». La tensión y el malestar eran ayer la tónica dominante dentro y fuera de la Casa Consistorial, donde se reunían propietarios afectados en busca de información o apoyo. Entre ellos, Juan Álvarez Vicente. Tenía un terreno pequeño y hace seis años compró otras dos fincas para hacerse con los 2.000 metros cuadrados precisos para edificar. Invirtió sus ahorros, unos 84.000 euros en los terrenos, y dos años después obtuvo la licencia, pero ya no pudo hacer nada más. «Creo que es un abuso de las autoridades, nosotros no hicimos nada ilegal, está hecho todo con planos e informes, todo era legal y, de repente, tras la denuncia, todo es ilegal». El propio alcalde manifestó estar pasando por un mal momento debido a la difícil situación de estos vecinos. Él mismo les alentó a que denuncien, pese a saber que las indemnizaciones serán millonarias, pero, «ésto no es ninguna aberración urbanística, se puede intentar legalizarl, hay mucha gente humilde afectada». El regidor adelantó que mañana, tras la celebración del pleno, se reunirá con la corporación para abordar las posibles medidas a tomar. Entre ellas, y previo asesoramiento jurídico, denunciar a Patrimonio por «omisión». Tres familias están ya viviendo en las casas afectadas, doce viviendas están aún en construcción.