La acusación pública sigue la pista a ciertas modificaciones de planes por si son un delito El Ministerio Público destapó varias «trampas» para realizar el reparto de parcelas
23 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.El fiscal especializado en delitos contra la ordenación del territorio ha criticado, en su informe anual, las prácticas «sutiles» de algunos concellos del área de Vigo. La Fiscalía, se refiere, en concreto, a un caso ocurrido en el sur de la provincia que nada tiene que ver con su reciente querella por prevaricación contra el alcalde de Gondomar o las diligencias abiertas entorno a una compra de parcelas en Nigrán. El informe de la Fiscalía desgrana una actuación contra un Concello próximo al río Miño, aunque elude pronunciarse abiertamente hasta que el asunto no sea dirimido en los juzgados con el fin de evitar cualquier influencia negativa en dicho proceso. La Fiscalía cree haber detectado la existencia de una práctica maliciosa y sutil, e incluso sibilina por parte del citado Concello. El especialista en Ordenación del Territorio estudió una serie de obras de infraestructuras consistentes en viales y la modificación general del suelo en los límites de dos ayuntamientos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que tales actividades quedaban, prácticamente, fuera del control, salvo el que se deriva del propio ayuntamiento. Suelo parcelado El fiscal descubrió que dichas actividades no precisaban de forma clara una licencia ya que se trataba de un proyecto de un instrumento de equidistribución. Profundizando en el caso, el Ministerio Público se topó con un ente administrativo que tenía paralizado su plan de ordenación como consecuencia de una resolución procedente de la Xunta, de forma que no se construye edificio alguno. El representante de la acusación pública siguió su investigación un poco más lejos y descubrió «una trampa». Dicho fraude legal consistiría en que el suelo queda modificado para un uso concreto, parcelado y repartido, «con la agravante además de que algunos de los beneficiarios de las parcelas resultantes aún sin licencia tienen una directa relación con dicho Concello». Indicios de delito La Fiscalía apreció indicios de delito en estas prácticas de gobierno y remitió una denuncia a los juzgados de Tui. La conclusión del informe es que «con independencia del fin especulativo interesado, el Concello no puede de ninguna manera modificar el plan de equidistribución en un plan general suspendido». Concluye que dicha práctica era injusta y no se adaptaba a las leyes ni a la razón, por lo que entiende que puede ser considerada como un delito penal. La Fiscalía lamenta que sean precisamente una institución públicas, como un ayuntamiento, la que emplee estrategias maliciosas y llenas de «astucia» para burlar la ley que rige a todos los ciudadanos.