PSOE, BNG y PG advierten del riesgo de no paralizar el proceso Los tres grupos abogan por buscar una fórmula legal para mantener el aumento
15 feb 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Los tres grupos de la oposición coincidieron ayer en censurar con dureza la decisión del PP de no atender el requerimiento del Delegado del Gobierno para que el Concello paralice una subida salarial que consideran ilegal. La socialista María Luisa Graña, el nacionalista Henrique Viéitez y el galeguista Manuel Soto mantuvieron criterios idénticos: el acuerdo adoptado es dudosamente encajable con la actual normativa y lo aconsejable es buscar otra fórmula. Los tres creen que si se aplica la subida los perjudicados serán los trabajadores si más adelante es anulada por los tribunales. «Si el PP sigue adelante alguien tendrá que hacerse responsable de las consecuencias que pueda acarrear; no es prudente que tomen esta decisión y las consecuencias a la larga pueden ser graves. Me recuerda algunas sentencias urbanísticas, que unos adoptan las decisiones y luego es el Concello el que tiene que afrontar las indemnizaciones», explica alarmada Graña. Precedente Como la anterior, también el nacionalista Henrique Viéitez ocupó en su momento la concejalía de Personal, por lo que están familiarizados con este asunto. Viéitez incluso tramitó en el mandato 1999/2003 esta valoración de puestos de trabajo, pero otro requerimiento del Delegado del Gobierno (entonces del PP) impidió su aplicación económica. Coinciden igualmente Graña y Viéitez en que el PP ha tramitado este asunto sin facilitarles información; de hecho ignoraban la decisión de seguir adelante y tampoco conocen el expediente ni los informes del secretario general (favorable a paralizar el proceso), ni otro externo de los sindicatos que va a ser utilizado por el PP para mantener el aumento. «Compartimos a necesidade da valoración de postos de traballo, pero é preciso reconducila. O que plantexa o PP é un brindis ao sol, una bravata. Semella que queren encallar o barco nas pedras», asegura el nacionalista. La oposición en su momento se abstuvo en el pleno ante las dudas legales. Todos consideran necesario mejorar las condiciones de los trabajadores, «pero dentro da lei», insiste Viéitez, que se queja de los topes que establece la Ley de Presupuestos para la subida salarial a todo tipo de funcionarios. Compra de favores «Non paran de cometer ilegalidades; sen dúbida este goberno busca unha compra de favores con diñeiro de todos para ter contentos aos funcionarios», afirma Manuel Soto. Entiende que dentro de algún tiempo «o Goberno central gañará o recurso contencioso administrativo, e os contentos de hoxe (en alusión a los funcionarios) terán que devolver o cobrado. Pan para hoxe e fame para mañán», concluye. Pese a estas críticas de la oposición la decisión sobre este asunto corresponde exclusivamente al gobierno municipal, aunque en su caso esté en minoría en el pleno. Por esta razón el gobierno local tiene manos libres para actuar. Respecto al PP, ayer fue imposible localizar al concejal de Personal y al portavoz del gobierno para que ofrecieran su versión sobre este asunto. El domingo 19 concluye el plazo para que el pleno anule el acuerdo de subida.