El Concello no logra permiso para poner en marcha la conservación de los restos romanos El concejal López-Chaves realizó ayer un último intento antes de tirar la toalla.
09 dic 2005 . Actualizado a las 06:00 h.El gobierno vigués aprobó ayer el pliego de condiciones para adjudicar la primera fase de las obras de conservación y restauración de la villa romana de Toralla, que se encuentra en la finca de Mirambell, frente a la isla del mismo nombre y a pocos metros de la playa de O Vao. La decisión se adopta después de varios meses de espera y ante el silencio de la Consellería de Política Territorial y del Ministerio de Medio Ambiente, cuya autorización es indispensable para que el proyecto siga adelante. La intervención de los departamentos estatal y autonómico es indispensable ya que el proyectado centro de interpretación se ubicaría parcialmente en terrenos del dominio público marítimo-terrestre. Por esta motivo el anterior gobierno de la Xunta informó desfavorablemente la petición municipal, mientras Medio Ambiente guardaba silencio. El pasado mes de septiembre el departamento municipal de Cultura insistió ante los nuevos responsables de la consellería. Les explicaron el alcance del proyecto y reiteraron la petición para que pudiera seguir adelante. Pese a que en el Concello contaban con recibir el visto bueno lo cierto es que no ha habido respuesta. Como existía una negativa previa, en la práctica supone mantener el vetó autonómico al proyecto. Último cartucho En cualquier caso y pese a las negras perspectivas existentes, la junta de gobierno local aprobó ayer el pliego de condiciones para adjudicar la primera fase, presupuestada en 200.000 euros. Según explicó el titular de Cultura, Ignacio López-Chaves, si el lunes no llega el permiso de Madrid y Santiago será imposible resolver el concurso en diciembre, con lo que la partida municipal quedaría inoperativa. El motivo es que es preciso publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y esperar las ofertas que puedan presentarse durante trece días. Transcurrido este plazo los técnicos deberían estudiarlas y proponer su adjudicación, decisión que tendría que adoptar el gobierno local antes del 31 de diciembre. Obviamente, en tres semanas y con fiestas por medio es prácticamente imposible de realizar, como ayer reconocía López-Chaves.