El 16 de abril empezarán a estudiarse las miles de alegaciones que los vecinos de Vigo y cualquier propietario de terrenos haya presentado en el período de exposición pública que habrá concluido el día anterior. El gobierno local del PP y los nacionalistas, cuyos votos sustentaron la aprobación inicial, quieren que el proceso sea rápido y así lo han reconocido. El objetivo es que antes del verano pueda aprobarse provisionalmente en el pleno municipal (en diciembre pasado tuvo lugar la aprobación inicial) a fin de enviar el documento definitivo a la Xunta de inmediato. La Xunta decide A partir de ese momento el expediente quedará en manos de la Xunta, cuyos técnicos lo revisarán para comprobar su legalidad. También comprobarán si el Concello y el equipo redactor han cumplido el contenido del informe elaborado el verano pasado por Política Territorial. En este punto las versiones discrepan; el PSOE, que se opone al Plan General, asegura rotundamente que no, mientras el equipo redactor y el gobierno insisten en que sólo han quedado al margen cuestiones de la exclusiva competencia municipal. Todo ello deberá hacerse con rapidez para que esté aprobado antes de octubre. PP y BNG temen que un triunfo socialista en las autonómicas conduzca a una revisión, tal y como han prometido los dirigentes del PSOE vigués.