Los armadores vigueses solicitaron las ayudas públicas establecidas por el Gobierno para paliar el alza del gasóleo establecidas el pasado 28 de octubre. El sector local está autorizado para reclamar subvenciones de la administración para los casi 300 buques de bandera española que tienen su base en el puerto vigués. Alrededor de otras 100 unidades propiedad de armadoras empresas que faenan en terceros países, fundamentalmente en Argentina, Namibia y Malvinas, además de en las costas del oeste de África, no tuvieron derecho a tales ayudas. La cifra económica global que supondrá este paquete de ayudas pedidas a la administración estatal española es, por el momento, incuantificable, puesto que primero es necesario reunir cada una de las facturas del gasóleo de cada buque. La cuantía individual, no obstante, puede calcularse porque será la resultante de aplicar el coeficiente de 0,06 euros sobre el volumen de suministros de gasóleo reflejados en las facturas aportadas por el posible beneficiario, hasta un importe máximo de 3.000 euros por buque. La guerra de Irak El ministerio que dirige la gallega Elena Espinosa se avino a negociar hace más de dos meses con las organizaciones pesqueras varias soluciones contra la crisis del gasóleo, habida cuenta de que supone cerca del 30% de los gastos de explotación de un buque de pesca. Un informe de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (Arvi) reveló que desde mayo hasta agosto del 2004, el precio del carburante que consumen los pesqueros experimentó una subida del 53,5%. La escalada del costo del gasóleo se debió a la crisis de Irak. Con estos mimbres tan inestables, el precio inició una subida paulatina, que se ha ido suavizando, precisamente al final del pasado año. Concretamente, el litro del combustible pasó de 0,185 céntimos de euros en primavera, a los 0,284 céntimos a mediados del verano. Este encarecimiento no puede, según los armadores, ser trasladado al precio inicial del producto, ya que la cotización en primera venta del mercado está sometida a la oferta y la demanda, es decir, que el precio se fija según las existencias y por su calidad. Aún así, los sucesivos intermediarios van encareciendo hasta un 300% el precio del producto que, finalmente, compran los consumidores. Precedente del 2000 La norma que establece las ayudas para paliar el alza del gasóleo no es nueva. La última referencia española es del año 2000, cuando el Gobierno estableció ayudas similares a las ordenadas ahora. En algunos casos, la justificación para que la administración contribuyese a frenar la crisis económica que representa el alza del gasóleo en las cuentas de las empresas armadoras, es que la carga fiscal sobre el carburante es lo suficientemente amplia para que puedan tomarse estas medidas excepcionales. La norma disponía de un plazo de presentación de veinte días hábiles a partir del 3 de enero.