Los abogados de los Lorenzo dicen que las escuchas telefónicas carecían de motivación legal Los detenidos en la Operación Sol se defienden sin apenas coordinar sus alegatos
28 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Los abogados de Guillermo y José Lorenzo Rodríguez, internados en la penitenciaría de A Lama desde hace quince días y acusados de varios delitos, han presentado sendas peticiones de libertad provisional para sus clientes. En los escritos de letrados de Guillermo y José Lorenzo, Diego Domínguez y Eduardo García-Zabarte, se arguye, entre otras consideraciones, que las escuchas telefónicas que permitieron a la policía imputar varios delitos a ambos hermanos deberían ser declaradas nulas porque la solicitud gubernativa no contenía «dato incriminatorio alguno», según el primero de los letardos. Por su parte, el segundo abogado, García-Zabarte, afirma que el oficio remitido al juzgado por la policía para pedir las intervenciones telefónicas «contiene una exposición narrativa de enorme ambigüedad e inconcreción sobre las actividades que entienden delictivas y que son atribuidas a mi representado». La petición policial a la que se refiere el letrado (de fecha 4 de noviembre del 2003), no obstante, fue rechazada en su día por el juez, precisamente por considerarla escasamente fundamentada. Motivo por el que los investigadores aportaron nuevos detalles en una nueva demanda, entregada al juez diez días más tarde. Esta segunda petición fue atendida y se iniciaron las escuchas. Sin embargo, ahora el abogado defensor de José Lorenzo asevera que el juez concedió el permiso para intervenir teléfonos pese a que en el segundo oficio policial no había «añadidos, modificaciones o variaciones sustanciales respecto al primero», según García-Zabarte. A criterio del letrado de José Lorenzo, con el que estaría de acuerdo el defensor de Guillermo Lorenzo, los defectos o carencias de la investigación policial aconsejarían anular «todas las diligencias» del caso. El abogado Diego Domínguez, por su parte, alude en la petición de libertad provisional a los vaivenes y vacíos legislativos que afectan al mundo de la prostitución. Además, Domínguez alega que ninguna de las actuaciones policiales «indica que (su cliente, Guillermo Lorenzo) realice conscientemente actividad conectada con la prostitución, y menos aún con la punible desde el 1 de octubre pasado», en alusión a la última reforma del Código Penal, en la que se castigan las acciones violentas e intimidatorias cuya finalidad sea propiciar u obligar a una mujer a vender favores sexuales. Las peticiones de libertad provisional a favor de los dos principales imputados en el caso Lorenzo, que están fechadas el pasado día 23, siguen a las ya presentadas por los abogados de casi todos los encargados de los locales de hostelería y alterne que poseían o administraban José y Guillermo Lorenzo. De hecho, fuentes jurídicas han precisado que ambos hermanos habrían retrasado unos días la presentación de sus peticiones a la espera de conocer las declaraciones hechas ante la policía y el juez por sus presuntos cómplices y subordinados. De hecho, dos de los encargados de clubes detenidos se han defendido alegando que todos cuantos delitos o faltas hayan podido cometer se deberían a que obedecían órdenes de sus superiores, lo que unido a la general ignorancia o desconocimiento de las leyes demostraría la ausencia de voluntad delictiva.