Tras la visita de Alvariño al rector, la patronal se suma a las reivindicaciones de un enlace El presidente de los empresarios insiste en la necesidad de construir otro puente sobre la ría de Vigo
26 feb 2004 . Actualizado a las 06:00 h.La autopista de peaje AP-9, que une Ferrol con la frontera portuguesa, carece de una salida directa hacia el campus porque «no se previó», según la empresa Autopistas del Atlántico, que construyó el vial inaugurado en noviembre pasado. El rector ha expresado en público en más de una ocasión la necesidad de este enlace, cuestionado por los propietarios de los montes de mano común porque aseguran que tendría gran impacto sobre la zona. Ayer la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra se sumó a las reivindicaciones de la Universidad. Esta union de voluntades se produce dos días después de la visita del presidente de la patronal, José Manuel Fernández Alvariño al campus universitario. Tras el encuentro de la cúpula empresarial con la de la Universidad, el tema se puso sobre el tapete en la reunión del comité directivo de la CEP. Fernández Alvariño apostó por dotar al campus vigués de la Universidad de todos los viales necesarios para su perfecta conexión con los centros urbanos cercanos y con la autopista que une Rande con Baiona. Paradoja Parodójicamente, a pesar de que la autopista transcurre a menos de un kilómetro del campus, la salida hacia Lagoas-Marcosende está situada a una distancia de seis kilómetros con lo que los 20.000 usuarios de las instalaciones de Lagoas-Marcosende tienen que soportar cinco kilómetros más de atascos en horas punta ya que el flujo de autobuses y vehículos es muy intenso. Nuevo puente Pero Fernández Alvariño no demanda sólo una mejor conexión con el campus sino también con la Península del Morrazo. El presidente de la patronal pide un nuevo puente ante la «previsible saturación» del de Rande, que ya alcanza los 48.000 vehículos diarios. El comité directivo de la CEP también se alegró del proyecto de la nueva carretera que unirá Tui y A Guarda, que tendrá un coste de 60 millones de euros y una longitud de 24,5 kilómetros y que dinamizará la comarca del Baixo Miño.