Urbaser rescinde el contrato del servicio de basura en O Morrazo

J. Santos MOAÑA

VIGO

MARTA G. BREA

La adjudicataria, sancionada y sometida a un fuerte control, dejará la recogida en marzo del 2004 La empresa alega que se le debe dinero, aunque en septiembre admitió un plan de pagos

04 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.

La empresa Urbaser, adjudicataria del servicio de basuras del sur de O Morrazo (Cangas, Moaña y Bueu) solicitó a la Mancomunidade la rescisión del contrato alegando que se le adeudan del orden de tres millones de euros desde mayo del 2002 hasta septiembre de este año. Más exactamente, Urbaser reclama 2.056.404 euros por ese periodo por el canon establecido en el contrato; 525.495 euros por el transporte de la basura a Ribadumia y 306.110 euros por el canon de Sogama sobre el exceso de residuos respecto a los calculados por la Mancomunidade. La ley ampara el derecho a rescindir un contrato si la demora en el pago es superior a seis meses. Urbaser, sin embargo, le había dado el visto bueno en septiembre -o al menos no presentó objeciones- a un plan de pagos que comenzó a ejecutarse en noviembre. Los pagos, si bien se están realizando, se ingresan con cierto retraso. La Mancomunidade, por otra parte, acordó imponerle una sanción de 30.000 euros por deficiencias en el servicio durante el verano y está ejerciendo un control bastante intenso sobre su funcionamiento, control que incluye comprobaciones aleatorias de la recogida y pesaje de los camiones cargados en el momento de iniciar el desplazamiento a la planta de Ribadumia. El presidente del organismo supramunicipal y alcalde de Moaña, Xosé Manuel Millán, afirma no estar dispuesto a aceptar ninguna relación entre la decisión de Urbaser y la sanción impuesta o los controles que se están realizando. Urbaser dice que dejará de prestar el servicio el 10 de marzo del próximo año. En ese momento, la Mancomunudade tendrá que hacerse cargo de la recogida, subrogarse el personal adscrito al servicio y los medios, vehículos y maquinaria que se pacten. La Mancomunidade encargó un informe jurídico y técnico sobre la actual situación.