El pleno celebrado por la Mancomunidad del Condado el pasado lunes dio por aprobados los presupuestos de 1999. Además también se justificaron, por medio de un informe de la interventora, los pagos que este organismo realizó al abogado del entonces presidente, José Castro. Según el escrito, el letrado desarrolló su función en defensa del presidente de la Mancomunidad por un «delito de desobediencia». Para el BNG esta justificación es «escandalosa» y asegura que las razones esgrimidas por el actual presidente, Arturo Grandal, «son falsas». Afirman que pretenden justificar cinco viajes de un juicio contra Castro, denunciado en su día por trabajadores de la Mancomunidad. Añaden que este juicio fue «por vía penal», por lo que no es un proceso contra el ente comarcal sino contra Castro por un delito de desobediencia «al no cumplir una sentencia». En este caso, señala el BNG, la Administración «no puede sufragar los gastos de la defensa jurídica». Fechas En el citado informe no se relacionan las fechas de estos viajes con las gestiones judiciales concretas. Por el contrario, se remite simplemente a la sentencia del Juzgado número 2 de lo Penal de Vigo. El responsable comarcal del BNG, Roberto Mera, matizó que uno de los viajes está fechado el día 23 de julio y, precisamente, los días 22 y 23, el abogado Rafael Ruiz estuvo presente en la «toma de declaración a los tres secretarios del Concello. En esa época declararon por la conocida «querella de los enchufados». El BNG solicitará a Grandal documentos que justifiquen esta relación así como un informe a Secretaría sobre si estos gastos pueden sufragarse con dinero público.