En febrero de 1999 Eduardo Canabal, conocido alegante a proyectos urbanísticos, presentaba un recurso judicial contra el convenio suscrito por Manuel Pérez. Este particular suscitaba numerosos interrogantes sobre dicho convenio y el acuerdo municipal que lo aprueba. A su juicio «adolece de tan graves irregularidades que no se puede más que pedir que se anule». Los puntos oscuros que figuran en el recurso se refieren a que los servicios técnicos municipales no comprobaron la superficie exacta de cesión. Oficialmente se trata de 16.500 metros cuadrados pero cita un informe del Ministerio en el que señala que la superficie afectada por la expropiación era solo 13.700. Tal expropiación no llegó a ejecutarse por la cesión previa del Concello a la Administración central. De acuerdo con el recurso, en el convenio inicial figuraba que la edificabilidad derivada de la cesión se trasladaría a terrenos del cedente en el camino de Quirós. Este convenio, además, no fue incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1993, el único aprobado con posterioridad. El Concello vigués intentó una modificación puntual del plan para cumplir dicho convenio que fue rechazada por la Xunta.