El vigués José Canal, dirigente de UGT, critica que no se haya castigado a la Administración autonómica La Xunta de Galicia ha estado durante veinte años facilitando al Banco Pastor y a Caixa Galicia datos de unos 10.000 funcionarios para la confección de sus nóminas sin que estuviese recogido en ningún contrato por escrito. La Ley Orgánica 15/1999 considera esta práctica una infracción grave y ha sancionado a las dos entidades pero no a la Xunta, cosa que ha causado extrañeza en medios financieros y en la Federación de Servicios Públicos de UGT de la provincia de Pontevedra, que denunció el caso.
01 sep 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La Agencia de Protección de Datos considera «una infracción grave contra la Ley Orgánica 15/1999 tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente» y estima que el Banco Pastor y Caixa Galicia han cometido una infracción de este tipo por cuanto han tratado datos personales de los funcionarios de la Xunta «sin el consentimiento de los afectados y sin que una ley disponga otra cosa». Además, las dos cajas cedieron información de las nóminas a otros bancos donde determinados funcionarios tenían domiciliadas las pagas. El director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Manuel Fernández Lopez, dijo el pasado 14 de junio que lo sucedido era muy grave e impuso a las dos entidades sendas multas de cincuenta millones de pesetas. Rebaja de las multas El pasado 6 de julio el Pastor y Caixa Galicia presentaron dos escritos de alegaciones en el que aseguran que existía un contrato verbal con la Xunta y que ninguna de las dos entidades es responsable del fichero conteniendo los datos de la nómina del personal de la Administración gallega y que, además, venían realizando estas tareas desde hacía veinte años. La información a la caja de ahorros y al banco fue facilitada por el Centro de Informática de Xestión Tributaria, Económico, Financiero e Contable (Cixtec) de la Xunta. La Agencia de Protección de Datos admitió algunas de las alegaciones presentadas por las entidades financieras y rebajó el grado de culpabilidad y las multas hasta un millón de pesetas. El director de la agencia asegura que las dos entidades han actuado «al menos con negligencia» al tratar datos personales sin el consentimiento de sus titulares y «sin existir entre ellas y la entidad que cedía los datos un contrato de prestación de servicios». No obstante, Juan Manuel Fernández entiende que como la impresión de las nóminas se realizaba desde hacía veinte años «pudiera deducirse, aunque erróneamente, que el tratamiento de datos personales no precisa de un contrato formal». El caso fue denunciado por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en Pontevedra el 7 de agosto del año pasado y se ha resuelto un año después. El secretario de la FSP en la provincia, José Canal Iglesias, ha señalado que la sanción es «simbólica» y que se ha quedado sin multar «al principal culpable, que es la Xunta de Galicia». Fuentes financieras también han manifestado su extrañeza por que no se ha multado a la Administración.