La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias por la venta, presuntamente irregular, de Sintel a la familia del cubano afincado en Miami, Mas Canosa. La denuncia fue presentada por los trabajadores de la empresa hace seis meses por una serie de operaciones «nada claras», que llevó a cabo el comprador «con la complicidad de Telefónica», según informó Adolfo Jiménez, presidente del comité. Para los trabajadores la decisión de la Fiscalía «es un paso muy importante porque abre una vía para averiguar las responsabilidades de cada una de las partes implicadas en el conflicto de la empresa». Además, «en un momento tan críticos como el que vivimos nos abre una esperanza, que si se aprovecha puede permitir la viabilidad de Sintel», añadió. Los trabajadores de Sintel arremetieron también ayer contra Aznar y «contra ciertas amistades que algo tuvieron que ver en el pago de la campaña del PP en las pasadas elecciones». Las críticas surgieron tras analizar la aprobación por la Dirección General de Trabajo de la extinción de 796 contratos de los 1.201 solicitados por la empresa, de una plantilla de 1.818. Al mismo tiempo subrayaron la necesidad de abrir una negociación única vía posible para resolver el conflicto y sacar adelante la compañía. Mientras tanto, recurrirán la resolución, permanecerán en huelga indefinida, proseguirán con su acampada y encierros y preparan una marcha de «las mujeres, madres, y familiares, que todavía permanecen en las localidades donde residen, hasta Madrid, donde habrá una gran manifestación».