La defensa concluye que Tapias carecía de poder para aprobar las pensiones fraudulentas El Ministerio Fiscal solicitó, en sus conclusiones ante el tribunal de la quinta sección de la Audiencia Provincial, un aumento de pena de prisión para todos los imputados del caso Chaparrita, a excepción de Joaquín Fernández Tapias. El fiscal pidió cinco años y tres meses de cárcel para Ferrería Rey, alias «Chaparrita», Ramón Ares y Eugenio Bravo. La acusación reclamó nueve meses más por un «ajuste técnico». La defensa de Tapias insistió en que su cliente carecía de poder para conceder las pensiones.
30 nov 2000 . Actualizado a las 06:00 h.El caso Chaparrita probablemente quede hoy visto para sentencia después de que la totalidad de los abogados lean sus conclusiones e informes. La acusación particular, que representa a la Seguridad Social, mantuvo su petición de penas por supuestos delitos continuados de falsificación de documento oficial por funcionario público como medio para efectuar una estafa. La defensa de Tapias negó que éste se valiese de su cargo en la Seguridad Social como jefe de negociado para falsificar 206 pensiones de emigrantes durante 16 años. El letrado, Guillermo Presa, argumentó que Tapias carecía de poder para conceder pensiones. Presa recordó que las fotocopias de expedientes fueron «burdamente falsificadas», por ser de color distinto al original. No era posible, según la defensa, que sus superiores no percibieran el engaño. Un testigo declaró haber entregado dinero a Tapias pero, según el abogado, dicho testimonio no es válido porque el declarante no fue advertido de que podía ser acusado de soborno a funcionario. Presa no descarta presentar un recurso de casación. Dos ancianas confirmaron ayer que dos encausados, que hacían de intermediarios, les habían propuesto arreglar sus pensiones. Una vecina desconfió de la prestación de jubilación procedente del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (Sovi) porque le parecía «pouco legal» aunque, dada su situación económica, aceptó. El tribunal, que cumple hoy un año de servicio con 1.800 asuntos tramitados, debe decidir si los encausados ofrecían pensiones a personas mayores que nunca habían cotizado. Éstos, supuestamente, cobraban hasta 300.000 pesetas por gestión y percibían los atrasos, de hasta cuatro millones, que ingresaba la Seguridad Social.