Dos de cada tres agresores sexuales «online» de menores son conocidos o familiares
SOCIEDAD
Estos ataques han aumentado un 13 % en los dos últimos años y su víctima principal es una adolescente de 13 años
29 ene 2026 . Actualizado a las 14:25 h.Marta es una niña de 12 años a la que su profesor de música de sexto de primaria la contactó por Instagram con una identidad oculta para ofrecerse como amigo. Este hombre de 45 años pronto se ganó su confianza gracias a que conocía todas sus vulnerabilidades y sus problemas familiares. En cuanto lo consiguió, empezó a pedirle fotos y vídeos de contenido sexual. Ante la insistencia de ella, le desveló su identidad y aprovechó el shock de la menor para continuar los abusos, ya en el entorno físico, tanto dentro como fuera del colegio. La valentía de la víctima, que con la ayuda de su familia denunció al profesor, dio con los huesos del depredador en prisión.
Este es uno los 28 casos de acoso y abuso sexual online contra menores, resueltos entre 2023 y 2024 por los tribunales españoles, que le han servido a Save the Children para realizar un análisis sobre la situación y las características de esta nueva clase de violencia sexual digital contra los niños y adolescentes españoles —el grooming—. Trabajo en el que desvela, entre otros datos, que la gran mayoría de los agresores son conocidos o familiares de la propia víctima.
El grooming es el delito que se produce cuando un adulto, en muchas ocasiones ocultando su identidad y haciéndose pasar por otro chico, contacta con un menor por redes sociales, plataformas de videojuegos o chats de internet, para involucrarlo en actividades sexuales. Sus objetivos suelen ser, mediante la manipulación, lograr imágenes o vídeos de contenido sexual, realizar actos sexuales en el entorno digital o incluso preparar encuentros físicos con la víctima.
Se trata de una lacra al alza en España, pues, como demuestran las estadísticas del Ministerio del Interior, los delitos sexuales digitales contra menores han subido un 13 % en los dos últimos años, rozando las 1.100 denuncias. Una cantidad que, no obstante, es solo la punta del iceberg, pues un trabajo previo de la propia Save the Children constató que uno de cada tres niños o adolescentes confesó haber sido víctima de casos de grooming en alguna ocasión.
El presente análisis indica que tanto el perfil de la víctima de grooming como el del pederasta que lo comete tiene características muy concretas. La víctima, en siete de cada diez ocasiones, es una chica y la edad media a la que sufre el acoso o la agresión digitales son los 13 años. Un dato que no choca demasiado si se tiene en cuenta que en España el 58% de los niños de 11 años (incluso un tercio de los de 10) utiliza internet y las redes sociales de forma habitual y lo hacen sin las medidas de protección y control necesarias.
Pero el aspecto más llamativo del trabajo, por ser algo desconocido, es que el pederasta que pretende corromper o abusar del menor a través del grooming es un conocido o un familiar del chico —como el profesor del ejemplo—, aunque a veces oculte su identidad. En concreto, sumados ambos perfiles representan el 66,7 % de los casos, las dos terceras partes, con un 41,7 % de conocidos y un 25 % de familiares. La tercera pata, que el estudio fija en un tercio de los pederastas (33,3 %), sería el depredador desconocido.
La madre, la principal aliada
La principal aliada de las chicas que padecen estos ataques son sus madres, que son quienes destaparon un 43,7 % de los casos que salieron a la luz, pero con un alto protagonismo también de las propias víctimas, que fueron quienes comunicaron directamente la grave situación por la que pasaban a las autoridades en el 37,5 % de los casos. Las denuncias comunicadas por el padre son el 12,5 %.
El análisis saca a la luz notables ineficiencias en las investigaciones y procedimientos judiciales para resolver estas denuncias, con fuertes dilaciones y muchos casos de revictimización del menor. La ONG ha detectado que el 60 % de los casos tardaron tres o más años en resolverse —un 14 % más de cinco años— y que el 65 % de las víctimas tuvieron que declarar más de dos veces antes del juicio. Esto ocurre pese a que, desde hace casi cuatro años, existe la obligación legal de aplicar, al menos a todos los menores de 14 años que sufren episodios de violencia, lo que se llama la prueba preconstituida, una grabación de su declaración que le exime de volver a contar los abusos más de una vez, incluso de repetirla en el juicio. El estudio también constata un importante descenso de los casos que acaban en condena, ahora solo el 71%, principalmente por falta de pruebas.
Save the Children concluye con toda una serie de medidas que deben tomar las administraciones para mejorar la respuesta judicial ante estos delitos. Reclama crear juzgados especializadas en violencia contra menores en todo el país —ahora solo hay previstos en Madrid, Barcelona y Málaga—, crear una Fiscalía especializada en estos delitos y dotar a los juzgados de equipos de técnicos que les auxilien y asesoren. De igual manera, reclaman generalizar el uso de la prueba preconstituida y extender la obligatoriedad del testimonio único grabado a los mayores de 14 años.
También piden la creación en todas las autonomías de las «casas de los niños», instalaciones pensadas para que el menor se sienta cómodo y tranquilo en su declaración y donde psicólogos, trabajadores sociales, peritos y juristas se coordinan para armar el caso sin revictimizar al niño. El modelo es clave para generalizar la exploración y declaración únicas y convertirlas en prueba preconstituida. La experiencia demuestra que reducen las dilaciones a la tercera parte y elevan las condenas hasta el 85 %.