ONDEE, 30 años viendo a la sombra de la ONCE y a costa de la discapacidad
SOCIEDAD
Consumo ha sancionado con más de 80 millones de euros en multas a esta organización que vende lotería sin licencia y otras 16 empresas de juego y apuestas digitales
04 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La Dirección General de Ordenación del Juego hizo ayer balance de las infracciones graves o muy graves que han devenido en firmes durante el segundo semestre del año pasado. Son sanciones a un total de 17 operadores que suman más de 80 millones de euros, 81.150.000 para ser exactos.
Entre todas ellas, destaca la multa de 35 millones, que lleva aparejada además una inhabilitación de cuatro años, impuesta a la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE) por la venta de boletos de lotería, que imitan el modelo de la ONCE, sin haber obtenido nunca una licencia para ello.
Esta organización, como destaca el propio ministerio, es la heredera de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una vieja conocida de la Agencia Tributaria. No en vano, a 30 de junio del año pasado, cuando se hizo pública la lista de grandes morosos, le debía a las arcas públicas 86.278.933 euros, que son unos 16.000 euros más que el año anterior.
La OID nació en 1994 en Torrelavega (Cantabria) cuando una parte de los promotores de la extinta Prodiecu decidieron no integrarse en la ONCE y empezaron a vender por su cuenta «una lotería de carácter ilegal denominada ‘‘boleto del discapacitado», tal como recoge Consumo.
Para el ministerio no hay duda de que sus cupones «se asemejan claramente con los productos de juegos de la ONCE, no solamente en cuanto al diseño de estos, sino porque además incluyen alusiones a la labor social vinculada con la discapacidad, propia de la ONCE». Es más, los supuestos premios se entregan coincidiendo con los números del sorteo de la ONCE.
Supuestos premios porque hay denuncias de afectados a los que no se les ha pagado el dinero que aparentemente habían ganado. El expediente ministerial incluye, entre otras muchas, una denuncia del 17 de octubre del 2021 en la que un particular pone en conocimiento de la Dirección General de Ordenación del Juego, el impago del premio de un boleto de ONDEE adquirido en Majadahonda (Madrid). Además, este documento sancionador está integrado por decenas de actas policiales en las que se da cuenta de esta actividad ilegal en numerosas provincias españolas, entre ellas Ourense y Lugo. Así concluyen los investigadores que ONDEE imprime, comercializa y distribuye boletos de EuroBoleto, SuperExtra, Bote Boleto y La Extra en diversas partes del territorio nacional utilizando la estructura comercial heredada de la ya sancionada OID.
Al margen de este caso, las sanciones muy graves impuestas por este organismo, que depende de la Secretaría General de Consumo y Juego, recayeron en plataformas de juego y apuestas digitales que funcionan en España también sin licencia alguna. Se trata de las empresas Rabidi, Uno Digital Media, Eight Stars, Mrsloty Games Tech, Entretenimiento Rojo, Onyxion Malta, Trw Corporate, Vdsoft&Script Development y Uniquegame. Concretamente, el Ministerio de Derechos Sociales las multa por «la organización, celebración o explotación de las actividades incluidas en la ley 13/2011 [la conocida como ley del juego] careciendo del título habilitante correspondiente».
Los expedientes de estos casos son similares e incluyen multitud de portales y aplicaciones a través de las cuales se llevaron a cabo las actividades ilícitas. Por ejemplo, el último de los que tienen carácter firme afecta a la empresa Uno Digital Media B. V., que operaba a través de los portales NineCasino, CryptoLeo y BetOnRed. Los técnicos de la Subdirección General de Inspección del Juego se registraron, hicieron un depósito de diez euros y comprobaron que podían «participar en juegos ofrecidos con el dinero depositado y obtener un premio». Quedó por tanto «constatado» que la compañía «ofrece actividades de juego en territorio español sin contar con el preceptivo título habilitante». De ahí que le abriesen expediente sancionador ya el 24 de abril del año pasado porque «el mantenimiento de esta actividad supone un peligro evidente para la totalidad de usuarios de esta modalidad de juego no autorizado, puesto que ante cualquier posible acción fraudulenta de esa entidad derivada de su actividad de juego (como podría ser el impago de los premios obtenidos por los participantes), no encontrarían los participantes ninguna defensa regulatoria», porque el Estado solo protege a los usuarios de las entidades que cuentan con la correspondiente licencia. De ahí que el entonces Ministerio de Consumo, ahora englobado dentro de Derechos Sociales, le impusiera una multa de cinco millones de euros y una inhabilitación de dos años.
Al margen de estas empresas que operan por completo en la clandestinidad, también han sido sancionadas compañías legales y algunas de ellas muy conocidas por la implantación que tienen o las cantidades ingentes de dinero que invierten en publicidad, como Gamesys, 888, Esgaming o Codere. En los casos de Gamesys Spain y Codere, por ejemplo, la sanción asciende a 125.000 euros para cada una, pero se puede quedar en 75.000 por pago dentro del período voluntario. Obedece a que permitieron «el acceso a la actividad de juego a personas que lo tienen prohibido». La ley protege a los menores y a «las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme» y estas empresas no actuaron con la debida diligencia en su obligación de control. En el expediente de Codere, por citar uno de ellos, se recoge como un usuario que había activado su cuenta en mayo del 2019, se dio de alta en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego el 28 de marzo de 2023. No se especifican las causas, pero en la práctica totalidad de estos supuestos se trata de personas con un problema de ludopatía que voluntariamente piden que se les prohíba seguir jugando ante la imposibilidad de controlarse por ellos mismos. Pero, pese a estar inscrito en el registro, se le permitió jugar la cantidad de 2.385 euros. Aunque también hay que reseñar que la propia compañía le devolvió el dinero perdido y bloqueó su cuenta antes de ser advertida por el ministerio.