Dudas y certezas de la ley de eutanasia

Javier Becerra
javier becerra REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

Aplausos en la Comisión de Justicia, tras ganar la votación para tramitar la ley.
Aplausos en la Comisión de Justicia, tras ganar la votación para tramitar la ley. E. Parra. POOL

Las asociaciones favorables la celebran como un triunfo y las provida la rechazan

17 dic 2020 . Actualizado a las 14:56 h.

No es la ley ideal para las asociaciones que llevan batallando por su aprobación desde hace años. Tampoco, por supuesto, para las que se oponen a la eutanasia desde siempre. Pero el impulso dado esta semana por la Comisión de Justicia del Congreso al proyecto de la ley orgánica para la regulación de la eutanasia y la ayuda a morir (el suicidio asistido) la dibuja ya como una futura realidad en el horizonte legislativo.

El gobierno la presenta como «extremadamente garantista». Subraya que para la decisión definitiva hay que pasar por diferentes fases durante más de un mes. En este proceso el enfermo tendrá que manifestar hasta cuatro veces su voluntad de morir. La oposición, sin embargo no refrenda esa postura. PP y Vox votaron en contra, anunciando el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Las reacciones no se han hecho esperar. Pese a recoger tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido y autorizar a los mayores de edad conscientes en casos de enfermedad grave e incurable (o crónica e invalidante), desde la asociación Derecho a Morir Dignamente no están plenamente satisfechos.

Su portavoz en Galicia Ascensión Cambrón tacha de «moi ambiguo» el anteproyecto y critica el hecho de que en este se facultase a las comunidades autónomas a crear las comisiones para valorar los casos: «Hai o risco de que, dependendo da ideoloxía de cada goberno, se impida o dereito». También se opone a que «a xente con doenzas psíquicas graves non podan acollerse». Pese a todo, resalta que «tratase dun triunfo da sociedade» y aspira a que se posteriores modificaciones «a vaian mellorando».

En un plano opuesto se manifiesta Emilia Martínez, presidenta de la Asociación Providav Lugo. «Las leyes pueden legislar, pero cuando lo hacen así van contra los derechos humanos», asegura. «Desde nuestro punto de vista no existe ninguna excepción. Lo que existen son los cuados paliativos que se tienen que impulsar y promover. Pero son muy caros y aquí se piensa en ahorrar dinero. Se quieren eliminar a esas personas porque son cargas para el estado», expone.

El profesor y coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI Jose Ramón Amor Pan sostiene que se incumple «la voluntariedad y libertad de la petición de eutanasia y suicidio médico». El docente denuncia que «hace un año el gobierno hablaba de esperas inhumanas para temas de dependencia». También que «hay un déficit gravísimo de cuidados paliativos, que no llegan ni a un tercio de la gente que los necesita». Con esas circunstancias dice que la decisión no puede ser libre: «Es absolutamente inmoral».

En el plano jurídico, el abogado Ignacio Bermúdez de Castro considera positivo que se regule, que «quede meridianamente claro lo que es legal» y, sobre todo, el papel de la administración. Sobre su repercusión social, indica que solo se empleará en los casos necesarios: «Cuando salió la ley del divorcio había miedo de que todo el mundo la usase frívolamente y solo la usó quien la tenía que usar. Esto es lo mismo, ya que la filosofía es que se pueda morir dignamente».