Anula por invadir competencias estatales las normas del País Vasco y Valencia que ofrecían la cobertura
20 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Constitucional anuló ayer un decreto ley de la Comunidad Valenciana que permitía a los extranjeros sin papeles acceder al sistema público de salud en la región, al admitir un recurso del Gobierno central. La decisión llega días después de que el alto tribunal declarara también inconstitucional una norma similar aprobada en el País Vasco, que también extendía la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. En ambos casos el fallo se produce porque las dos comunidades invadieron competencias que son propias del Estado y en ningún caso entra a valorar en la conveniencia o no de excluir del sistema nacional de salud a los inmigrantes que no están no regularizados.
El Ejecutivo de Rajoy, que en el 2012 había retirado la cobertura sanitaria a los simpapeles, presentó en los últimos años recursos contra normas similares a la de la Comunidad Valenciana aprobadas en otras regiones para incluir a los que se quedaron fuera del sistema de salud, como en Cataluña, Navarra o Aragón. El Gobierno central argumentaba que estas leyes invaden competencias estatales, ya que la normativa central permite el acceso a la sanidad a las personas con autorización para residir en España, pero no a los que carecen de ella.
«No se va a cobrar a nadie»
Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el País Vasco y Valencia sostienen que las comunidades autónomas se han de «adecuar necesariamente» a «los límites» establecidos por el Estado en la normativa básica, incluido a qué personas alcanza la cobertura universal, «de tal manera que no puedan extender el ámbito subjetivo de la relación prestacional», lo que en la práctica inhabilita a las autonomías para ofrecer unos derechos para las que no están capacitadas.
El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, prometió que seguirá habiendo «universalidad de la salud», pese al fallo del Constitucional y pidió a Rajoy que «acabe con el decreto de recortes que enaltece la inhumanidad». «Cualquier persona que entre en un hospital o un centro de salud va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria», dijo. Puig recibió el respaldo de los demás partidos, salvo el del PP.