Expertos creen que no afectará a otras comunidades con norma propia ni a la iniciativa impulsada en Galicia
29 nov 2016 . Actualizado a las 08:00 h.Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra y Valencia eran hasta ahora las cinco comunidades autónomas que contaban con una ley específica de custodia compartida, una normativa que en el caso de la última autonomía acaba de ser anulada por el Tribunal Constitucional al entender que esta región no tiene competencias para legislar en esta materia. El problema surgió en el año 2011, cuando el Gobierno valenciano dio el visto bueno a la ley de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, que daba prioridad al pacto entre los progenitores, y, en caso de no haberlo, contemplaba como regla general la custodia compartida y regulaba la relación de los menores con sus hermanos, abuelos y otros parientes.
El Ejecutivo central se opuso a la normativa valenciana porque entendía que excedía las competencias para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio previstas en el estatuto valenciano. De hecho, solo las autonomías con derecho foral tienen libertad para legislar en este campo, o aquellas regiones que aborden en sus normas costumbres derivadas de los antiguos fueros que hayan subsistido. Esto no ocurre en el caso de Valencia, pero sí en autonomías como Galicia. Así lo explica el abogado Ignacio Bermúdez de Castro, cuyo bufete trabaja con la Asociación Galega de Nais e Pais Separados, que ha sido la impulsora de la iniciativa legislativa popular (ILP) para que el Gobierno gallego apruebe una ley específica de custodia compartida. Dice que lo sucedido en Valencia no pone en peligro la propuesta normativa gallega, como también ocurre con el resto de autonomías que ya cuentan con esta legislación (Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco), ya que todas tienen competencias en este campo al contar con derecho foral.
Antonio Díaz, de la Asociación Galega de Nais e Pais Separados, anuncia que el proyecto para aprobar una ley gallega sigue los plazos previstos. Tras haber sido admitida a trámite, «en estos momentos se están sellando en el Parlamento los pliegos de la iniciativa legislativa popular, y este mismo viernes iniciaremos la recogida de firmas». Deberán reunir 10.000, cantidad que considera que «no va a suponer un problema», ya que hay numerosas personas que entienden «que es un derecho de los niños poder estar con su padre y su madre».