El borrador de la ley permitiría vender «vapeadores» también en las farmacias
17 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Sanidad ha conseguido lo que parecía imposible. Se las ha arreglado para poner de acuerdo a la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y a la industria representada por la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE). El inconveniente es que la coincidencia entre ambas instituciones se sitúa en sus críticas a la cartera que dirige el ministro Alfonso Alonso.
La disputa tiene su origen en el borrador del real decreto publicado hace días por el Gobierno que pretende equiparar la regulación española sobre el uso de los cigarrillos electrónicos a la europea. La iniciativa propuesta por el Ejecutivo plantea, entre otras cuestiones, que estos dispositivos puedan venderse en establecimientos especializados como estancos, pero también en las farmacias. Esta medida concreta es la que ha suscitado las críticas de asociaciones antitabaco y de la patronal de estos productos. «No entendemos que los cigarrillos electrónicos se vendan en farmacias, porque no solo no han demostrado ser ineficaces para el fumador que quiere dejarlo, sino que perpetúan el uso del tabaco», afirma el vicepresidente de la CNPT, Francisco Camarelles. En el mismo sentido se expresa el presidente de la ANCE, Alejandro Rodríguez, quien opina que «no tiene sentido que se venda en farmacias porque no es un producto terapéutico para dejar de fumar, sino una alternativa al tabaco menos dañina». Fuentes del Ministerio se defendieron de las críticas y argumentaron que no se trata de una norma taxativa, sino que es un borrador y que, por tanto, está abierto a alegaciones y enmiendas. Es el único punto entre la Comisión antitabaco y la industria, que tienen más reproches para Sanidad, pero unos por considerar el borrador «poco ambicioso» (como es el caso de la CNPT) y otros como la ANCE que lo califican de «muy restrictivo», como es habitual.
Rodríguez insiste en su malestar con el Ministerio por considerar que se ha excedido en sus funciones. «Lo que tiene que hacer el Gobierno es aplicar la normativa europea, no inventarse leyes más restrictivas», explica. El presidente de la patronal se refiere a la intención de Sanidad de prohibir la venta de cigarrillos electrónicos a través de Internet con el objetivo de que sea inaccesible a los menores. Rodríguez cree que «se pueden plantear otras medidas para que los menores no lo compren, como ocurre con la pornografía». Al representante de la patronal de los cigarrillos no le gusta la nueva lista de requisitos presentada por Sanidad, que califica de «puramente administrativos», y que, a su juicio, supondrá «una desorbitada carga sobre las pequeñas y medianas empresas que han sobrevivido al bache sufrido y que precisamente, en el 2015, volvían a la senda del crecimiento».
La ANCE insta al Ministerio a ceñirse exclusivamente a la normativa europea y anuncia que presentará alegaciones al texto de Sanidad. La Comisión Nacional, en cambio, cree «insuficiente» el proyecto. «Otros países europeos -dice Camarelles- regulan el envasado de tabaco genérico, sin marcas, una medida eficaz que patrocina la OMS para hacer el tabaco menos atractivo a los jóvenes». El primer país del mundo que introdujo la cajetilla genérica fue Australia, el 1 de diciembre del 2012. Francia, Irlanda y Reino Unido también van a aplicar este concepto. Este punto lo introdujeron las autoridades comunitarias en las negociaciones para crear esta directiva que recoge, entre otras medidas, la obligatoriedad de que las cajetillas destinen un 50 % de su superficie a advertir al consumidor de las posibles consecuencias de fumar, a través de texto e imágenes. Se prohibieron también las cajetillas de menos de 20 cigarrillos, así como las bolsas pequeñas de picadura.