El gran vendedor de humo, Ruiz-Gallardón, vuelve a las andadas. La última es que ha anunciado que los divorcios los tramitarán los notarios al módico precio de 95 euros. Al margen de que los fedatarios públicos den por buenos tan exiguos aranceles, no podrían tramitar las rupturas matrimoniales en la inmensa mayoría de las ocasiones. Solo estarían facultados para hacerlo en caso de matrimonios sin hijos que sustancien su procedimiento de mutuo acuerdo, pues de existir descendientes, o falta de consenso entre los cónyuges, es preceptiva la intervención del fiscal y del juez. Aunque su osadía es inabarcable, no creo que pretenda que cada notaría disponga de un fiscal y de un magistrado en nómina. Es bien capaz de ello. Todos los que nos dedicamos a esto de la Justicia soñamos con la marcha de un ministro que está descalabrando nuestro sistema judicial, y que además muestra un desconocimiento absoluto de lo que se trae entre manos. ¿Es qué no ha reparado en que los cónyuges que acudan a una notaría a divorciarse, salvo contadísimas ocasiones, siempre tendrán que pasar antes por un letrado para que les explique sus derechos? ¿O es que pretende que el notario, por 95 euros, se pase media vida atendiendo el teléfono para aclarar a sus clientes las dudas que puedan irles surgiendo?