En esta historia hay cosas que llaman mi atención. Primero, que tras una experiencia traumática tan reciente alguien se lance a una aventura como ésta: promover un cambio legislativo de envergadura -un esfuerzo altamente estresante- para, si se consigue, someterse a una fecundación in vitro con útero subrogado (un proceso muy, pero que muy estresante). Pareciera que un clavo quita otro clavo.
Segundo, que la iniciativa se justifique en que ahora el acceso a la gestación subrogada está reservado a los más pudientes (algo discriminatorio). Más allá de cualquier otro comentario, no veo cómo se compagina eso con la propuesta de establecer a beneficio de la señora que preste su útero para llevar a término el embarazo «una compensación económica de hasta 40.000 euros».
Por último, sorprende que se diga que no se quiere abrir un debate? Aprobar leyes sin pararse a pensar si realmente su contenido es lo que conviene al país, sin un consenso social amplio fruto de la reflexión y el debate sereno y sosegado, no es de recibo. El legislativo español fue claro respecto a los vientres de alquiler: no los admitió en ninguna de las tres leyes que desde 1988 han regulado la reproducción asistida, al igual que la inmensa mayoría de países. Y no lo ha hecho porque, más que una solución, es una fuente de problemas, como la práctica norteamericana evidencia.