Telma Ortiz recurrirá el auto que le negó medidas cautelares para defenderse del acoso mediático
SOCIEDAD
Telma Ortiz Rocasolano, la hermana menor de la Princesa de Asturias, no se rinde. Su abogado, Fernando Garrido, comunicó ayer la interposición de un recurso contra el auto judicial que la semana pasada desestimó las medidas cautelares solicitadas por Telma y su compañero sentimental, Enrique Martín-Llop, para que medio centenar de medios de comunicación ?-revistas, televisiones, agencias, editoras y publicaciones web- no puedan captar y distribuir sus imágenes, salvo las que logren en actos públicos y oficiales.
La decisión de recurrir ante la Audiencia Provincial de Toledo tiene lugar apenas cuatro días después de que la jueza María Lourdes Pérez Padilla desestimara la demanda de Telma Ortiz y su pareja por la «inviabilidad jurídica» de sus peticiones, con el argumento de que ambos son personas con proyección pública y de que las medidas cautelares solicitadas por su abogado solo se referían a su derecho a la imagen, pero no al derecho a preservar su intimidad.
El letrado Fernando Garrido explicó en un corto comunicado que su recurso se basará en tres aspectos: la propia denegación de estas medidas cautelares ante el acoso de los medios de comunicación, la condena a pagar las costas del proceso -unos 50.000 euros, debido a la treintena de abogados que representaban a los demandados- y los fundamentos jurídicos empleados por la jueza Pérez Padilla.
Si la Audiencia Provincial de Toledo admitiese a trámite este recurso, Telma Ortiz y su compañero volverían a verse las caras con los representantes de los medios de comunicación en la Audiencia toledana.
Mala fe o temeridad
En el auto dictado la semana pasada, la jueza rechazó en su auto el supuesto de «mala fe o temeridad» en la demanda de Ortiz contra el más de medio centenar de medios de comunicación, que fue alegado «de forma genérica» por los abogados en su petición para que se rechazaran las medidas cautelares. También rechazó el argumento de los letrados de que la adopción de medidas cautelares supondría un acto de censura previa, expresamente prohibido por la Constitución.