En España, apunta el teniente Igual, el fenómeno de las bandas juveniles «se parece un poco a todos, pero es diferente». Desde luego, dista mucho de tener la virulencia de Centroamérica, donde, como señala la magistrada Rodríguez, «son más peligrosas y violentas». El fiscal de menores García Ingelmo lo considera casi un «fenómeno embrionario» en comparación con los «60.000 pandilleros que controlan barrios enteros de Guayaquil» en Ecuador y con las llamadas «maras» centroamericanas, que describe como «auténticas mafias, organizaciones criminales que realizan tráfico de drogas y armas, trata de blancas y extorsiones al pequeño comercio».
En el caso español, precisa Rodríguez, es un «fenómeno eminentemente masculino» (las mujeres apenas rondan el 10% y tienen un papel auxiliar), mayoritariamente urbano y con «territorio propio», que sirve de justificación para las acciones de venganza contra grupos rivales. Las bandas juveniles están jerarquizadas (el jefe es con frecuencia un adulto), exigen pruebas de ingreso «muchas veces violentas» y tienen una estructura financiera «con una primera cuota voluntaria y luego obligada»; también son habituales las características de sectas: mitificación de líderes, obediencia ciega y ritos religiosos. Todo ello las convierte en una «cantera de la delincuencia organizada».
Sin embargo, ni en España ni en la mayor parte de Europa han dado las bandas juveniles el salto a ese nivel delictivo, aunque, como apunta la jueza de menores, ese papel de «cantera» ha sido más palpable en países con mafias más fuertes como Rusia o Italia.
Tampoco falta, coinciden Igual y Rodríguez, «algún ejemplo de banda captada por elementos terroristas» en Irlanda o España. En nuestro país, las zonas de mayor presencia pandillera son Madrid y Cataluña -la inscripción de dos bandas latinas como asociaciones culturales no impediría su ilegalización y la costa mediterránea -más en la Comunidad Valenciana y Murcia que en Andalucía-, a las que se suman en menor medida Aragón, las dos Castillas y Galicia.