Un gobierno del PP aprueba por vez primera una ley de parejas de hecho

FRANCISCO CAÑIZARES MADRID

SOCIEDAD

VERA

La Generalitat valenciana espera que el texto sirva de referente al resto de España El presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, rompió ayer la trayectoria que ha mantenido hasta el momento su partido y dio el visto bueno a la tramitación en el Parlamento del anteproyecto de ley que regulará las uniones de hecho en la comunidad. El consejo de gobierno aprobó ayer un texto que recoge básicamente las reivindicaciones de los gays y lesbianas valencianos, que transmitió el colectivo Lambda a la Consejería de Bienestar Social en las reuniones que mantuvieron en los últimos meses.

24 oct 2000 . Actualizado a las 07:00 h.

La consejería, a través de un comunicado, consideró ayer que «a partir de las posiciones tan avanzadas que recoge el texto, servirá de referente al resto de comunidades y al propio Gobierno de España». El anteproyecto de ley atribuye a las parejas de hecho «los mismos beneficios reconocidos a las parejas que hayan contraído matrimonio», y señala que «los derechos y obligaciones establecidos en la nomativa valenciana de Derecho Público serán de aplicación a los miembros de la unión de hecho, en especial en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos propios». Para que una pareja de hecho sea reconocida como tal debe inscribirse en el registro que ya funciona en la comunidad y acreditar la convivencia durante al menos doce meses «con dos testigos mayores de edad en pleno ejercicio de sus derechos civiles». La principal novedad con respecto a la posición defendida hasta ahora por el PP se encuentra en el reconocimiento de que el fundamento de las uniones de hecho es una relación de afectividad, el mismo que sustenta la relación familiar. Rubén Sancho Martínez, coordinador general del colectivo Lambda, reconoce que el impulso de esta ley refleja «un cambio muy importante en el PP de la comunidad valenciana, que ha tenido que vencer las presiones de sus miembros más conservadores para no regular estas situaciones». Sancho Considera que «esta ley supone el reconocimiento a una realidad social hasta ahora denostada».