El bipartito de Santiago quiere municipalizar ya la gestión de las multas, aunque precisa el apoyo de la oposición
SANTIAGO CIUDAD
Afirma que el Ayuntamiento se ahorrará 250.000 euros anuales, pero PP y PSOE afirman que aún no tienen la información que justifique el cambio de modelo
18 oct 2023 . Actualizado a las 18:57 h.El Ayuntamiento quiere municipalizar ya para el arranque del 2024 el cobro de las multas de tráfico, un servicio que está privatizado desde su implantación y por el que la empresa que lo lleva se queda con el 26,8 % de lo que el Concello ingresa por vía voluntaria. En el 2022, el cobro en fase voluntaria superó por poco los dos millones de euros, aunque el cómputo global de lo que rentó la actividad sancionadora ese año a Raxoi superó los 3,4 millones de euros. Esa cifra supuso para la empresa concesionaria del servicio unos ingresos de 555.000 euros.
Según las cuentas que hace el gobierno bipartito (BNG-CA), la asunción directa del servicio permitiría ahorrar unos 250.000 euros anuales. Son las que presentaba esta mañana el concejal de Mobilidade, Xan Duro (Compostela Aberta), quien ya comunicó a la oposición la intención del gobierno de no abrir un nuevo proceso de adjudicación del servicio, cuyo actual contrato termina el 31 de diciembre, e iniciar el procedimiento para su municipalización.
El contacto con la oposición no ha sido un mero acto de cortesía. El gobierno precisa de la anuencia del PP o del PSOE para dar ese giro en la gestión, porque pretende que sea la empresa municipal de transportes, Tussa, la que la asuma. Y eso exige cambios en sus estatutos que requieren el apoyo de la mayoría absoluta de su consejo de administración y la ratificación posterior de su junta general, que se corresponde con el pleno municipal. Duro espera que no haya problema en ese sentido, aunque la decisión última no está únicamente en la mano del bipartito, que dispone solo de 8 miembros en una corporación de 25.
A priori la iniciativa no debería tener problemas. En el 2021, a raíz de una proposición del PP en la que pedía al Ayuntamiento que buscase un sistema alternativo de gestión que no pasase por la concesión, la oposición (entonces PP, BNG y CA) coincidía en que la fórmula más adecuada sería la asunción directa por parte del Concello. La propuesta que el bipartito ha puesto ahora sobre la mesa, no tiene, sin embargo, carta blanca de la oposición. No inicialmente y sin disponer de más detalles.
«Non temos a información suficiente sobre o tema», dicen desde la formación que lidera Borja Verea (PP), que en su momento también apuntó la posibilidad de que esa gestión se concertase con la Diputación provincial, aunque esa es una posibilidad que no resulta viable, según apuntaba esta mañana Xan Duro. Ya se vio esa posibilidad, indicó el responsable de Mobilidade, pero la Diputación no la ve asumible cuando en Santiago se generan unos 76.000 expedientes anuales por cuestiones vinculadas con las sanciones de tráfico.
Por el PSOE, su portavoz, Gonzalo Muíños, concejal de Mobilidade con el anterior gobierno socialista, precisa que la municipalización requiere estudios que la motiven, ya sea por que supongan ahorro o mejoras en la gestión y afirma que su formación no se posicionará hasta disponer de ellos. De momento apunta que «se hai argumentos de peso, farémolo», dice en relación a su respaldo.«Nós non somos fanáticos dun ou outro modelo, como neste caso dende o BNG ou CA, cando no pasado mandato bloquearon o contrato da auga pese a que os informes dicían que o modelo concesional era o que mellor se adaptaba ás necesidades de Santiago», dice Muíños.
Xan Duro espera que haya acuerdo y pronto. Y defiende que hay tiempo para tomar la decisión y gestionar la puesta en marcha del nuevo servicio antes del inicio del 2024. La nueva gestión precisaría entre 5 y 6 empleados, que podrían ser, si ellos están disponibles, los que tiene la actual concesionaria del servicio.