En Galicia, la deuda de los ayuntamientos con los proveedores que les prestan servicios es un problema que afecta, en mayor o menor grado, a las corporaciones de las ciudades y de muchas poblaciones.
Pero el caso de Santiago es paradigmático. Tarda en pagar a sus proveedores 85 días de media, casi el triple del plazo legal, y tiene más de quince millones pendientes de abono. Una situación que ha llevado a Hacienda a intervenir para adelantar cerca de ocho millones destinados a pagar facturas que el Concello no ha atendido.
Lo más llamativo es que no estamos ante una falta de liquidez, sino ante una mala gestión. Por eso, es especialmente injustificable que el Ayuntamiento coloque treinta millones de euros a plazo fijo para obtener rentabilidad financiera, mientras empresas y autónomos esperan meses para cobrar trabajos ya realizados, y la Hacienda de todos paga sus facturas. Será legal, pero es imposible considerarlo justo.
Resulta aún más doloroso que esto ocurra con un gobierno que llegó con el discurso de poner a las personas en el centro de su gestión, de defender a los trabajadores, a los pequeños empresarios y a quienes sostienen la economía diaria de la ciudad.
Pero los ediles que gobiernan Santiago viven alejados de la realidad empresarial y no saben que detrás de cada factura pendiente no hay solo apuntes contables, hay personas. Hay pequeños empresarios que han comprado materiales, pagado salarios y cumplido sus compromisos con la administración esperando recibir, en tiempo y forma, aquello que se les debe. Tampoco saben que unos pocos miles de euros representan, en muchos casos, continuar abiertos o desaparecer.
La verdadera defensa de la gente —y esto vale para todos los ayuntamientos deudores— se demuestra en actuaciones concretas y una de las más básicas es pagar a quien ha cumplido sirviendo a la administración municipal. Los ayuntamientos no pueden convertirse en deudores privilegiados a costa de ellos.
Exigir el pago puntual de impuestos a los administrados, también a los proveedores, y no cumplir con el deber de pagarles transmite un mensaje demoledor. En Santiago alcanza una gravedad especial cuando el dinero público se lleva al banco para obtener rentabilidad mientras se retrasan las obligaciones contraídas con los autónomos y pequeños empresarios que sostienen buena parte de la economía de la ciudad. ¿Es esta la forma de entender la gestión de lo público?