Dejémonos de vericuetos legales y de sentencias judiciales. Dejémonos de planeamientos urbanísticos, preexistentes o modificados. Apliquemos el sentido común. Ya sea Manolo el heladero con su humilde carrito en Porta Faxeira o el modisto Florentino con su pazo en la Rúa Nova, si todo el que desarrolla una actividad económica de puertas abiertas en Santiago y en cualquier ciudad del mundo civilizado necesita una o varias licencias municipales, ¿no es lógico que los promotores de los negocios de viviendas de uso turístico también tengan que obtenerlas? Más todavía cuando es necesario ordenar esta actividad para evitar que una zona de devorador consumo turístico, como es el casco monumental de Santiago, acabe por convertirse en un inmenso alojamiento para visitantes que excluya la vida propia de los vecinos. Y no, no debe bastar el registro de la Xunta, porque es la administración más próxima, la municipal, la más capaz para ordenar y ejercer ese control. Pero clarificar legalmente esta cuestión dando atribuciones al Concello —al de Santiago y a todos los de Galicia— no es la solución, sino un instrumento más para afrontar dos grandes males que arrastra la ciudad. El primero es la carencia casi total de inmuebles para el alquiler tradicional de larga duración, lo que acaba por expulsar de Santiago a personas que quieren vivir aquí, ya sea en el casco histórico o fuera de él. Pero esto no se soluciona poniendo coto al alquiler turístico, sino movilizando el enorme parque residencial que está cerrado, tal como argumenta la asociación de propietarios de pisos vacacionales. No les falta razón en este punto. Pero nadie puede obligar a un propietario a poner en el mercado su vivienda. Hay que dar incentivos para que lo haga. El Concello tiene herramientas —tributarias, por ejemplo—, aunque será más efectivo un plan autonómico y/o estatal suficientemente dotado. Y segundo, facilitar la vida no turística en el casco histórico: que la rehabilitación subvencionada no dé lugar a alquileres de superlujo y que la revisión —¿para cuándo?— del Plan Especial convierta en conservacionismo adaptado al siglo XXI el dogmático que añora el XIX. O sea, que el casco histórico sea vivible hoy. De lo contrario, en los pisos no se alojarán turistas, pero tampoco habrá vecinos. Y eso será aún peor.