Santiago presume de ser una ciudad de relumbrón pero tiene que soportar, un día sí y (casi) otro también, que se le fundan los plomos. Sí, los plomos, como se decía antes cada vez que nos quedábamos a oscuras en casa y había que echar mano de la linterna o las velas. Sean los plomos, el transformador, la red de distribución o la subestación -la de San Caetano, con frecuencia lo es- tiene delito que la precariedad de las infraestructuras eléctricas deje a vecinos y empresas en la estacada cada dos por tres. Ayer volvió a pasar, y el sábado anterior, y el domingo anterior... con viviendas, comercios y hostelería que llegaron a estar hasta once horas sin fluido eléctrico. El asunto no tendría mayor trascendencia si no hubiésemos superado hace mucho la prehistoria de los plomos que se fundían y si no estuviésemos metidos de lleno en la espiral del indecente incremento de la factura eléctrica que saqueará los bolsillos de todo abonado por mucho que intente agarrarse a la supuesta tabla salvadora de la tarifa más baja, aun arriesgándose a que le llame a la puerta la Policía Local porque el centrifugado de la lavadora no deja dormir a los vecinos y le han plantado una denuncia. Sí, es indecente, porque con estos costes para los usuarios, el servicio tendría que funcionar como la seda, como un Rolls a prueba de averías. Sin embargo, en Santiago nos hemos estrenado con las tarifas récord y con un esprint de apagones. ¿Tendrán descuento por daños y perjuicios los recibos de los sufridos abonados sin verse abocados a un laberinto de trámites concienzudamente diseñado para hacerles desistir? ¿Cómo se compensa a los hosteleros del casco histórico y parte del Ensanche que el domingo 6 de junio -primero de los tres cortes aludidos, pero pudo haber más- estuvieron horas y horas de brazos cruzados esperando que se hiciese la luz? Estas incidencias graves, que alcanzan un carácter extremo en la percepción del usuario, pues este no tiene por qué conocer los entresijos del funcionamiento del mercado mayorista ni los costes de los derechos de emisión de CO2, requieren que la Administración tome cartas en el asunto y se invierta en la mejora de las infraestructuras.