La imposición de dispositivos de control del tráfico y sus medidas sancionadoras a uno le causan sentimientos encontrados. Por una parte, de rechazo, por el convencimiento de que no siempre son necesarios y porque suelen encerrar una inconfesable voracidad recaudatoria. Por ejemplo, admitamos la necesidad del radar que mañana empezará a funcionar en el Restollal -aunque no multará hasta el día 10- porque en esa avenida, sobre todo de bajada hacia el centro de la ciudad, los coches vuelan y hay pasos de cebra con semáforo, en especial el ubicado a la altura de la entrada principal de El Corte Inglés, que no ofrecen la suficiente seguridad a los peatones. Ahora bien, ¿hay un problema de seguridad vial que requiera el que a finales de este mes empezará a despachar multas a tutiplén en el paso inferior de Conxo? Tiene la lógica de la continuidad de la limitación de la velocidad en la SC-20 y la corrección de los excesos en ese tramo, argumento que daría pie, consecuentemente, a actuaciones similares de control en otros puntos de la red urbana periférica donde los límites se superan incluso si son de 80 por hora -no digamos los de 40 o 50 de Conxo y el Restollal-. El tráfico en Santiago no es temerario, como indican los balances de accidentalidad, aunque si imperase la prudencia, ni los radares periféricos ni los cinco fotorrojos serían necesarios. Admitamos la pertinencia preventiva de estos dispositivos, pero también exijamos una correcta administración de la recaudación de multas, empezando por la gestión directa del Concello para evitar que una empresa, solo por cobrarlas, se lleve una tajada que daría para tener impecable la red viaria urbana.