La propiedad privada es sagrada, sí, pero hay matices. La ley debe garantizar que el propietario de un inmueble pueda hacer uso de él cuando quiera, pero también es un derecho constitucional el acceso a una vivienda digna. Vamos, que si una pareja le pega una patada a la puerta de un piso abandonado para darle un techo a sus hijos cuenta con toda mi compresión. Este señor o señora ocupa, pero no es un okupa. Y si el dueño lo echa, los servicios sociales deben proporcionarle una salida. Para eso pagamos impuestos. Y yo esos los pago feliz. Los okupas son los que creen que tienen derecho a usurpar a otro lo que es suyo. Estos son, en realidad, unos jetas. Y mucho más si su okupación tiene como objetivo proporcionarse no una vivienda, sino un local en el que poner cañas y copas, servir comidas, vender camisetas y ropa de segunda mano o hacer tatuajes. Todo sin pagar un duro por nada. Ni impuestos, ni tasas, ni licencias. Nada. Y todo sin la más mínima garantía higiénico sanitaria. Lo de la Algalia no era un centro cultural alternativo, que no nos engañen. Era el chiringuito de una gente que desarrollaba en él actividades económicas ilegales y que no se sometía a ningún control. Tanto podían servir alcohol a menores como montar conciertos sin tener en cuenta los límites de aforo o atronar a los vecinos con música a toda pastilla sin que nadie les tosiera. Porque les tenían miedo. Y quién no, visto lo visto el martes en las calles de Santiago. Que el gobierno local de Compostela Aberta les apoye es, sencillamente, el mundo al revés. Porque el que manda no puede amparar el delito.