Piden más de 12 años de prisión para un acusado de falsear documentos y realizar estafas

La Voz SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

La próxima semana tendrá lugar la vista por un supuesto fraude a comunidades de vecinos

12 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El juzgado de instrucción número dos de los de Santiago abordará la semana que viene la causa abierta contra M. L. R., al que la Audiencia Provincial imputa varias estafas a comunidades de vecinos y propietarios de edificios para las que consideran que el acusado incurrió en un total de seis delitos, por los que pide para él penas que suman más de 12 años de prisión, además de diversas inhabilitaciones e indemnizaciones.

En el escrito que remite al juzgado, la Fiscalía, que asegura que el acusado cuenta con antecedentes penales a efectos de reincidencia, se hizo pasar repetidamente por otra persona, suscribió «toda una serie de contratos», realizó gestiones ante organismos públicos y asumió obligaciones, «ofreciendo la identidad de quien no era». Según el ministerio fiscal, el acusado se valía para ello «de que los dos son asturianos, los dos se llaman M., lo conocía personalmente (M. había estado casado con la hermana del acusado), tenían parecido físico, y tenía en su poder el DNI de M. (que éste había extraviado)». Relata la Fiscalía que, haciéndose pasar por M., el acusado constituyó, mediante una escritura pública de una notaría de Milladoiro, la sociedad R.T. y F. de Galicia SL, de la que M. quedó como administrador único. Después se hizo pasar por M. en repetidas ocasiones para formalizar operaciones y contratar obras para la empresa citada en varios municipios y engañar a comunidades de vecinos, asesorías y trabajadores.

Sostiene que los hechos constituyen los delitos de usurpación del estado civil (por el que defiende que procede imponer al acusado un año de prisión), continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil (dos años de prisión), de estafa agravada con reincidencia (cinco años de prisión), de apropiación indebida (nueve meses de prisión) y dos delitos contra los derechos de los trabajadores (2 años y seis meses por uno y un año por el otro).