Valoraría la municipalización si hubiese que abrir otro concurso
02 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Ayuntamiento está analizando la sentencia que ha anulado la concesión de la gestión de la grúa y la ORA a Setex Aparki para ver las consecuencias que tendrá el fallo judicial, porque si bien el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dejado sin efecto la adjudicación del 2012 «non indica o camiño a seguir» para regularizar la situación, según el gobierno.
Y eso es lo que trata de dilucidar el Ayuntamiento a través del informe que ha encargado a sus servicios jurídicos acerca de lo que cabe concluir en ese sentido del fallo anulatorio. Mientras, el servicio sigue funcionando con normalidad, y así será, afirma el edil de Convivencia, Xan Duro, al menos hasta que el gobierno local reciba esos informes y pueda proceder en consecuencia.
Las alternativas que se abren en este escenario serían la convocatoria de un nuevo concurso, si se entiende que el fallo anula todo el procedimiento anterior, o el retroceso en la licitación al momento anterior a la adjudicación, si se observase que solo anula esta. En este caso se podría otorgar el contrato a la segunda clasificada, precisamente la empresa cuyo recurso anuló la actual concesión, el Grupo Europeo de Servicios Doal, del grupo Vendex. Si cabe una u otra posibilidad, se dilucidará con ese informe municipal en la mano, salvo que de este se concluya que se hace precisa la petición de una aclaración de sentencia al alto tribunal gallego.
Pero salvo que se haga obligatorio retroceder al paso previo a la adjudicación, la apertura de un nuevo concurso podría introducir una nueva alternativa: la prestación del servicio por el propio Ayuntamiento. No solo es una posibilidad sustentada por los compromisos programáticos de Compostela Aberta, que apuesta por la municipalización de servicios, sino que el gobierno no la descarta. Ese escenario abriría «a posibilidade de estudar ese tema», reconoce «con toda a prudencia» el edil de Convivencia. «Pero dependerá deses informes» y de lo que determinen los estudios preceptivos sobre costes, puntualiza el concejal, quien no oculta que la anulación de la actual concesión ha dejado en una situación nada cómoda al Concello, porque se trata de servicios «básicos na xestión da mobilidade».
La superficie del depósito
El gobierno espera disponer entre esta semana y la próxima del informe de sus servicios jurídicos, que también analizarán si cabe pedir responsabilidades «a quen corresponda» en el caso de que la anulación de la concesión tenga consecuencias económicas para la Administración local, que tendrá que hacer al menos frente a los gastos que se deriven de la rescisión del actual contrato y a los que pueda generar una nueva convocatoria, en el caso de que haya que abrir un nuevo concurso. Duro expone que «ata onde eu sei» el Concello no tuvo «responsabilidade» en esta situación: «Polo que di a sentenza é por un incumprimento do prego por parte da concesionaria», que habilitó para el depósito de vehículos una parcela inferior a la que fijaba el pliego. Le faltaban 67 metros cuadrados para alcanzar los 3.000 requeridos.