Dos años de cárcel para Conde Roa por un delito fiscal

El exalcalde de Santiago afronta también una multa de 580.000 euros

El exalcalde, Gerardo Conde Roa, prestando declaración el pasado mes de julio en los juzgados de Santiago.
El exalcalde, Gerardo Conde Roa, prestando declaración el pasado mes de julio en los juzgados de Santiago.

Santiago

Gerardo Conde Roa, exalcalde de Santiago, ha sido condenado a dos años de cárcel y 580.000 euros por un delito fiscal, según la sentencia que ha trascendido a última hora del martes. El político del PP estaba siendo juzgado por no haber pagado a Hacienda 291.289 euros en concepto de IVA por la venta de 61 viviendas construidas por la promotora de la que era administrador único, Geslander Proyectos de Edificación.

Conde Roa dimitió como alcalde de Santiago el 16 de abril del 2012 tras ser imputado por el juez Vázquez Taín en esta causa. Las acusaciones, a cargo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria, pedían una pena de dos años y medio de prisión, y el pago de cerca de 1,2 millones de euros, cantidad correspondiente a la multa y al importe defraudado. Al quedarse la condena en dos años, Conde Roa no irá a la cárcel ya que carece de antecedentes.

Cuando se hizo pública la querella que le costó su carrera política, Gerardo Conde Roa admitió no haber declarado los 291.000 euros a Hacienda, pero negó «rotundamente» que hubiese cometido un fraude fiscal. «El delito fiscal requiere de la existencia del dolo de ocultar, de querer defraudar y esto aquí no ha sucedido porque no hay la ocultación deliberada de datos porque siempre ha existido la puesta a disposición de los libros [de la empresa] y de los extractos bancarios para aclarar la situación», explicó en la comparecencia pública que realizó el 9 de abril del 2012, cuando aún sostenía que no tenía por qué dimitir a consecuencia de este asunto.

En las horas previas a la sentencia que envía al exalcalde de Santiago a la cárcel, el abogado Ramón Sabín, representante de Conde Roa, se reafirmaba en que durante la vista «quedó totalmente probado y absolutamente acreditado» que su cliente no tuvo «ánimo de defraudar ni de engañar al fisco».

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